El incierto futuro de las pensiones

El Sistema Actual

1. ¿A qué edad se sitúa la jubilación legal en España?

A los 65 años, como regla general. El sistema no ha variado desde que se implantó en el año 1911, mediante un Real Decreto que reguló a esta edad el retiro obrero de carácter obligatorio (la jubilación). Esta norma ampliaba el seguro de vejez autorizado por una ley de 1908. En años posteriores se fue desarrollando un sistema de seguridad social que tuvo su mayor exponente en la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963.

2. ¿Hay excepciones?

Sí. Principalmente, tres: la jubilación anticipada, la jubilación parcial y la jubilación flexible

La jubilación anticipada se contempla en casos de actividades laborales de naturaleza peligrosa o penosa, o por discapacidad por parte del trabajador. Los trabajadores también pueden retirarse a partir de los 61 años (60 para los que empezaron a cotizar antes de 1967), pero sufriendo una penalización
En la jubilación parcial, contemplada desde 1994, una empresa puede retirar parcialmente a un empleado para contratar a otro. La empresa paga una parte del salario, y la Seguridad Social, el resto. En este caso no hay penalización.
La jubilación flexible es aquella a la que accede un trabajador que decide compatibilizar la pensión de jubilación con un trabajo a tiempo parcial. Se diferencia de la jubilación parcial en que se accede a ella desde la condición de pensionista.
3. ¿Se puede aplazar la jubilación?

Desde enero de 2008, cualquier trabajor puede aplazar su jubilación a una edad posterior a los 65 años. Los funcionarios públicos encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas -docentes universitarios, jueces, fiscales, secretarios judiciales, registradores de la propiedad- ya podían prorrogar su jubilación hasta los 70 años.

4. ¿Hay una edad máxima para jubilarse?

El Estatuto de los Trabajadores la fijó en 1980 en los 69 años, pero el Tribunal Constitucional declaró al año siguiente que era inconstitucional establecer "de forma directa e incondicionada la extinción de la relación laboral" a esa edad.

5. ¿Qué ocurre si un convenio no contempla la jubilación y la empresa rescinde el contrato a los 65 años?

El 99% de los convenios en España incluye la jubilación a los 65 años, pero si no es así, y el empleado quiere seguir trabajando, entonces deberá recibir una indemnización.

6. ¿En qué se basa el sistema público de pensiones?

El sistema de pensiones en España es contributivo, lo que supone que es necesario haber cotizado previamente para tener derecho a una pensión.

7. ¿Cuál es el periodo mínimo de cotización?

Para acceder a la pensión de jubilación es necesario completar un período mínimo de cotización de 15 años. De ellos, al menos dos deben estar comprendidos dentro de los 15 anteriores a la fecha de causar la jubilación. En este caso, al trabajador le queda el 50% de su base reguladora. A partir de este mínimo, por cada dos años cotizados la pensión se incrementa en un 2%.

Para recibir el 100% de la base reguladora hay que cotizar durante 35 años.

8. ¿Quiénes tienen derecho a una pensión contributiva?

Todos aquellos trabajadores que cesen en su actividad laboral y cumplan los siguientes requisitos:

Estar afiliados a la Seguridad Social.
Haber cumplido la edad mínima de jubilación.
Haber cubierto un período mínimo de cotización.

9. ¿Cómo se calcula la cuantía de la pensión?

La pensión por jubilación es vitalicia y su cuantía se determina aplicando a la base reguladora un porcentaje fijado en función del tiempo cotizado por el trabajador. Este cálculo se hace en base al cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotización del interesado durante los 96 meses inmediatamente anteriores a aquel en que se cumpla la edad de jubilación. Las bases correspondientes a los seis años más lejanos se calculan actualizándolas con arreglo a los Índices de Precios al Consumo de cada mes.

10. ¿Qué es el Pacto de Toledo?

Es un documento aprobado por el Congreso en 1995 en el que se establecen las líneas de actuación y de reforma que sería necesario introducir en el sistema de pensiones contributivo con el objetivo de reforzarlo y de garantizar su viabilidad.

LA REFORMA PROPUESTA POR EL GOBIERNO

11. ¿Cuáles son los puntos clave?

Retrasar la edad de jubilación a los 67 años.
Reducir el número de prejubilaciones.
Poner limitaciones a las pensiones de viudedad.
Hacer que las pensiones de orfandad sean más equitativas.
12. ¿Cuándo se aprobó?

El documento con la propuesta fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de enero.

13. ¿Es definitivo?

No. Según ha insistido el Gobierno, se trata de un documento de principios que servirá de base para un debate posterior con los agentes sociales y en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.

14. ¿Cómo justifica el Gobierno el retraso de la edad de jubilación?

El Gobierno cree que el envejecimiento de la población española, así como el retraso en la incorporación de los jóvenes al trabajo, puede poner en peligro en un futuro la viabilidad del actual sistema de pensiones.

Concretamente, el documento señala que "la elevada esperanza de vida de los españoles, y su rápido crecimiento, con especial intensidad en el caso de la esperanza de vida de las personas que cumplen 65 años, hace necesaria una actuación más decidida para garantizar el curso paralelo de los indicadores del sistema, imprescindible para asegurar la evolución acompasada entre ingresos y gastos".

15. ¿Cómo se aplicaría?

La medida empezaría a aplicarse en 2013 y, en principio, no afectaría a los actuales pensionistas. Se iría implantando de forma progresiva hasta 2025: Los que se jubilaran en 2013 tendrían que hacerlo a los 65 años y dos meses; los de 2014, a los 65 y cuatro meses, etc.

16. ¿Cómo se pretende reducir las prejubilaciones?

Eliminando "las formas de uso indebido del despido como forma de acceso a la jubilación", según señala el documento. Además, se ampliaría paulatinamente la edad mínima legal para alcanzar la jubilación, situada actualmente en los 52 años.

17. ¿Se reformaría también el periodo de cálculo de las pensiones?

En principio, no.

18. ¿Qué pasaría con las pensiones de viudedad?

Para su concesión se tendría en cuenta si es compatible con otros ingresos, así como la edad del fallecido. Asimismo, en algunos supuestos (convivencias familiares breves sin descendientes, por ejemplo) la pensión de viudedad dejaría de ser vitalicia y podría sustituirse por una indemnización de pago único o por una pensión temporal.

19. ¿Y con las de orfandad?

La intención del Gobierno es que todos los descendientes se beneficien de igual forma, lo que actualmente no ocurre cuando el fallecido ha formado parte de varias uniones familiares, una realidad cada vez más común debido al mayor número de divorcios y de segundos matrimonios.

20. ¿Se contempla la privatización del sistema?

No. El modelo actual basado en las cotizaciones y el reparto no cambiaría.

21. ¿De quién parte la propuesta?

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sostuvo a principios de año que el Gobierno no contemplaba la prolongación de la vida laboral. La reforma propuesta le convertiría, en este sentido, en el perdedor de un debate en el seno del Gobierno cuya ganadora sería la ministra de Economía, Elena Salgado, con el respaldo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

LAS REACCIONES

22. ¿Cuáles son los argumentos a favor?

El Gobierno y los defensores de la reforma insisten en que con el envejecimiento actual de la población, y si no se incrementan las cotizaciones, el actual superávit de la Seguridad Social irá disminuyendo poco a poco y el sistema podría entrar en déficit para el año 2020, lo que conllevaría una reducción drástica de las cuantías actuales de las pensiones.

La edad real de jubilación está ahora en los 63 años y 10 mesesPor otra parte, los que abogan por la reforma señalan que es necesario revisar un sistema que fue ideado para carreras laborales que duraban mucho más que ahora (en muchos casos, desde los 17 ó 18 años hasta los 65), ya que la vida laboral media actual, en el caso de los varones, es de unos 39 años.

En este sentido, la actual crisis económica, y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, ha adelantado más aún la edad real de jubilación, que, según el ministro de Trabajo, está ahora en los 63 años y 10 meses.

Por último, destacan que este tipo de medidas ya se han comenzado a poner en marcha en varios países europeos con situaciones demográficas similares a la de España.

23. ¿Cuáles son los argumentos en contra?

Los sindicatos mayoritarios (UGT y CC OO) han calificado la reforma de "innecesaria e irresponsable". Para CC OO, "el sistema actual es sostenible y tiene una situación financiera saneada, y la prueba es que está resistiendo mejor los embates de la crisis que otros aspectos de nuestra economía". Según UGT, "el sistema público de pensiones es barato y solvente" y "todas las predicciones anteriores sobre el futuro del sistema han fallado".

Según los sindicatos el sistema actual es sostenible y tiene una situación financiera saneadaLos sindicatos rechazan el retraso en la edad de jubilación y apuestan por la jubilación flexible, incentivando el retraso voluntario después de los 65 años y compatibilizándolo con el adelanto de esta edad en los términos vigentes actualmente.

La mayoría de los que se oponen a la reforma del Gobierno defiende, en cualquier caso, que la edad de jubilación (y el sistema actual de pensiones en general) es un derecho básico y una conquista social irrenunciable. Algunos señalan que en el supuesto de que que cumpliesen las previsiones más pesimistas, siempre se podría recurrir a los Presupuestos Generales del Estado.

24. ¿Ha habido protestas?

Sí. Convocadas por UGT y CC OO, el pasado martes miles de personas se manifestaron en varias ciudades españolas contra la posible reforma del sistema de pensiones propuesta por el Gobierno.

En Madrid, los organizadores afirmaron que se manifestaron "más de 70.000 personas", aunque un sistema de la agencia Efe contabilizó 15.000. En Barcelona asistieron 50.000 personas, según los sindicatos, y 10.000, de acuerdo con la Policía Local.

LOS DATOS

25. ¿Cómo es la realidad demográfica española?

Según el Instituto Nacional de Estadística, la población mayor de 65 años se duplicará en 40 años y supondrá el 31% del total. Por cada 10 personas en edad de trabajar en 2050 habrá 9 potencialmente inactivas (menores de 16 años o mayores de 65).

26. ¿En qué situación se encuentra la Seguridad Social?

El Gobierno aprobó esta semana una dotación extraordinaria de 1.740 millones de euros al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que supera ya los 62.500 millones de euros. Con esta aportación el volumen del fondo equivale actualmente al 5,95% del PIB.

Las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un saldo positivo de 8.501,83 millones de euros en 2009, un 0,81% del PIB, pero a causa de la crisis este superávit se redujo un 41,07% respecto del año anterior (5.926,4 millones menos que en 2008).

Además tiene una deuda aplazada de unos 8.000 millones y la tasa de morosidad en 2009 fue del 1,99%, inferior varios puntos a la de las entidades financieras.

La previsión del Gobierno es que este año el superávit de la Seguridad Social sea del 0,2% del PIB.

27. ¿Cómo es la pensión media de jubilación en España?

La pensión media de jubilación del sistema de la Seguridad Social se situó el pasado 1 de febrero en 877,12 euros, lo que representa un aumento del 3,5% respecto al mismo mes del ejercicio precedente, según el Ministerio de Trabajo.

La pensión media total (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) ascendió a 774,15 euros al mes, con un aumento interanual del 3,4%.

El número de pensiones contributivas de la Seguridad Social fue de 8.611.931, lo que supone un 1,7% más que en febrero del año pasado.

Según Trabajo, el gasto que supone el pago mensual de todas las pensiones sumó 6.667 millones de euros, el 5,1% más que un año antes.

28. ¿Cuántos españoles ahorran para la jubilación?

A un 80% de los españoles les gustaría ahorrar para la vejez, pero sólo un 21% lo hace, debido que "no existe suficiente cultura de ahorro o jubilación en España", según un estudio de la escuela de negocios Esade.

FUERA DE ESPAÑA

29. ¿Dónde se jubilan más tarde y dónde antes?

Los países con edades de jubilación más altas (por encima de los 65 años) son Noruega y EE UU. Las edades más bajas (por debajo de los 62 en algunos casos) están contempladas en China, Colombia, República Checa, Indonesia, Italia, Rusia y Eslovaquia.

30. ¿Cómo es la jubilación en la UE?

En la Unión Europea la edad media de jubilación se sitúa alrededor de los 65 años. La disminución del número de cotizantes y el aumento de la longevidad han llevado a muchos países a retrasar la edad y a endurecer las condiciones para acceder a una pensión:

Francia. Desde 1982, un trabajador puede jubilarse a partir de los 60 años y la empresa puede jubilar a un empleado que haya cumplido 70 años, pero no podrá prescindir de él antes de cumplir los 65 años. Para obtener una pensión completa, será necesario cotizar 41 años a partir de 2012, frente a los 37 años estipulados hasta 1994.

Alemania. En marzo de 2007 se aprobó aumentar paulatinamente la edad de jubilación desde los 65 años a los 67 años a partir de 2012. Como excepción se contempla la jubilación a los 65 años para aquellos que han cotizado 45.

Italia. Desde 2008 se accedía a la pensión a los 58 años y desde 2009 ha ido aumentando gradualmente con un sistema de cuotas. Se ha propuesto subir la edad mínima de jubilación a los 58 años en 2008, y después hasta 61 años en 2013.

Holanda. En marzo de 2009 anunció su intención de elevar la edad de jubilación a partir de 2011 desde los actuales 65 años hasta los 67.

Reino Unido. La edad de jubilación está en 60 años para las mujeres y en 65 para los hombres. Se prevé que vaya aumentando gradualmente hasta los 68 años entre 2024 y 2046.

Dinamarca. La edad de jubilación subirá a 67 años entre 2024 y 2027.

Austria. Se incrementará gradualmente de los 60 años actuales a 65 entre 2024 y 2033 (20 Minutos - España)

Terremoto de 8,8 grados Richter azotó Chile y dejó al menos 82 muertos

Uno de los terremotos más poderosos de la historia sacudió a Chile en la madrugada del sábado, provocando al menos la muerte de 82 personas, un tsunami y derrumbes de viviendas en varias ciudades que llevaron a declarar a parte del país como zona de catástrofe.

El sismo, que tuvo una magnitud 8,8 según el servicio geológico de Estados Unidos y epicentro en el sur de Chile, hizo temblar a la capital Santiago, donde arrancó balcones de edificios, derrumbó puentes, dejó fábricas envueltas en llamas y a la electricidad y los teléfonos fuera de servicio.

El fuerte movimiento cobró la vida de al menos 82 personas, dijo el subsecretario del Interior chileno, Patricio Rosende.

Y generó un tsunami que arrasó con la mitad de un pueblo en la isla chilena de Juan Fernández, según la presidenta Michelle Bachelet. La ola gigante además golpeó costas continentales en Iloca, donde no se reportaron víctimas de inmediato.

“Hay una enorme cantidad de daño que no sabemos su exacta dimensión, que está siendo evaluado”, dijo a periodistas Bachelet y declaró a las regiones sureñas de Maule, de donde eran la mitad de los fallecidos, y Bio Bio como zonas de desastre.

El movimiento, mucho más poderoso que el mortífero terremoto que devastó a Haití recientemente, también desató el pánico en el popular balneario de Viña del Mar.

Mientras amanecía, policías y bomberos recorrían las calles en distintas ciudades del país con patrullas y sirenas para verificar la magnitud de los daños y socorrer víctimas.

“Yo veía como se caían los autos y no sabía que hacer. Estaba sólo acá”, dijo Mario Riveros, guardia de seguridad de una planta industrial en Santiago, parado junto a un puente que se derrumbó. “Me daban ganas de llorar”, agregó.

Después de sufrir varias réplicas, la mayor de ellas de 6.9, los aeropuertos en la capital fueron cerrados y radios locales reportaban que al menos tres hospitales habían colapsado.

Aunque el sismo tuvo epicentro en el sur chileno cerca de la localidad de Maule, 321 kilómetros al suroeste de Santiago y a 104 kilómetros de Talca, se sintió en la vecina Argentina.

CARRETERAS BLOQUEADAS
En Santiago y otras ciudades del país miles de personas salieron de sus casas y estaban acampando en las calles por temores a las réplicas.

“Estábamos en una fiesta y comenzó a moverse todo. Se caían las cosas y temí por morir. Corrí a un segundo piso a buscar a mi hijo y salimos a la calle”, dijo una mujer desde Santiago a un canal de televisión argentino.

Aunque todavía no se sabía con exactitud el impacto del tsunami sobre el territorio insular de Chile, el Gobierno envió una fragata a la isla de Juan Fernández.

Pero la ola gigante también podría en peligro otros países. “Podría ser también una amenaza para costas más distantes”, dijo el Centro de Advertencia de Tsunamis del Pacífico en su página web.

El terremoto también sacudió una zona donde se encuentran grandes minas productoras de cobre pertenecientes al gigante estatal chileno Codelco y la minera global Anglo American, entre otras.

Las carreteras hacia la mina cuprífera Los Bronces, propiedad de Anglo American, estaban bloqueadas, según funcionarios de seguridad de la instalación

No hubo disponible en forma inmediata funcionarios de las minas El Teniente y Andina de Codelco para que comentaran sobre posibles daños a causa del sismo.

Chile se encuentra ubicado sobre la intersección de dos placas geológicas que constituyen una de las mayores zonas sísmicas del mundo. El país sufrió el mayor terremoto de que se tengan registro en la década de 1960 con una magnitud de 9,6.

(Reporte adicional de Ricardo Figueroa, Alejandro Lifschitz, Rodrigo Martínez, Ignacio Badal, Marion Giraldo y Alonso Soto, Jorge Otaola en Buenos Aires, Patricia Avila y Conrado Hornos en Montevideo, Todd Benson y Terry Wade en Sao Paulo. Editado por Guido Nejamkis en Buenos Aires y Pablo Garibian en Ciudad de México) (El Comercio – Perú)

Las mujeres soportan mejor la crisis económica y del mercado laboral

Pese a que sus empleos son más frágiles y sus contratos más efímeros, según un estudio realizado por Randstad, las mujeres soportan mejor que los hombres la crisis económica y laboral.

La compañía de recursos humanos dibuja un panorama laboral muy distinto al de hace un año, con muchas mujeres que han decidido retornar o ingresar en el mercado de trabajo para traer ingresos a la familia ante el despido de sus parejas.

Los sectores femeninos se salvan
La crisis incidió en primer lugar en sectores económicos muy masculinizados (construcción e industria), y aunque actualmente las posibilidades de que hombres y mujeres pierdan su empleo están muy igualadas, hay sectores eminentemente femeninos, como la educación, la sanidad o los servicios sociales, que han resistido mejor la crisis.

La escalada del desempleo ha afectado a ambos sexos, pero no con la misma intensidad. Las mujeres han sufrido tasas de paro tradicionalmente más elevadas que las de sus colegas varones, aunque la crisis ha hecho que las diferencias entre ambos se recorten e incluso en algún momento el paro masculino ha llegado a superar al femenino.

El 'Plan E', una ayuda para ellos
No obstante, esta tendencia ha vuelto a cambiar debido al 'Plan E' del Gobierno y a la inyección de ayudas a los Ayuntamientos, pues estas medidas han generado principalmente empleo masculino. De esta forma, mientras que la tasa de paro de los varones alcanza actualmente el 18,64%, la de las mujeres supera el 19% (19,07%).

Por grupos de edad, la crisis ha dado lugar a importantes diferencias entre sexos. Así, entre los jóvenes, el paro femenino es muy superior al masculino, en tanto que entre los mayores de 55 años hay menos paro femenino que masculino.

¿Qué es el 'efecto desánimo'?
Otro aspecto diferencial entre ambos sexos, es que, pese a la crisis, la incorporación de la mujer al mercado laboral no ha sufrido un frenazo, tendencia que sí se ha dejado notar en los varones y que, entre otras razones, se debe al llamado 'efecto desánimo'. En consecuencia, la tasa de actividad femenina ha ido repuntando paulatinamente, hasta alcanzar el 51,7%, mientras que la masculina ha retrocedido y se halla en el 68,14%.

En el último año, 104.100 mujeres se han incorporado al mercado laboral, frente a un descenso de los activos varones de 196.300 personas, hecho que Randstad atribuye al ingreso en el mercado de trabajo de jóvenes mujeres y de amas de casa que intentan apoyar las economías de sus familias.

El contrato a tiempo parcial, ¿femenino?
La crisis ha hecho además que las empresas no sólo no contraten a más trabajadores, sino que han recurrido en muchas ocasiones a contratarlos a tiempo parcial, lo que ha beneficiado más a las mujeres que a los hombres.

El hecho de que el contrato a tiempo parcial esté muy feminizado (una de cada cuatro trabajadoras lo es a tiempo parcial, frente a uno de cada veinte empleados) es una de las razones que explican la diferencia salarial entre sexos. Pese a estar mejor formada que el hombre, la mujer accede a menos puestos de responsabilidad, y a peores empleos y salarios.

Pese a todo, la nueva dicotomía que ya no se halla en tener que elegir entre trabajo y familia, sino entre proyección profesional a largo plazo y maternidad.

Según Randstad, esta elección es la que determina en muchos casos que la mujer "se estanque" profesionalmente y prefiera conciliar trabajo y familia que dedicarse a desarrollar un futuro profesional dirigido a obtener un cargo de mayor responsabilidad. (El Economista – España)

España aprueba nueva ley del aborto

En medio de la oposición de grupos conservadores, organizaciones antiabortistas y de la Iglesia católica, España dio luz verde a una nueva ley del aborto que modifica a la aprobada en 1985 y que permite abortar a menores de 16 y 17 años de edad.

En una reñida votación, el pleno del Senado español aprobó por 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención, la llamada Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El principal escollo para el consenso fue el referido al aborto de las adolescentes de 16 y 17 años. La ley establece que las menores podrán decidir por sí mismas interrumpir su embarazo, pero deberán informar al menos a uno de los padres o tutores.

Se les permite que no digan nada solamente si alegan "fundadamente" que esto les provocará "un conflicto grave manifestado o peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo".

La nueva norma también precisa que el aborto es libre dentro de las primeras 14 semanas de gestación, a petición de la embarazada, pero podrá interrumpirse el embarazo hasta las 22 semanas si existe grave riesgo para la vida o la salud de la madre o graves anomalías en el feto.

Aquella mujer que aborte fuera de los casos permitidos por la ley no tendrá pena de prisión, sino que se le impondrá una multa económica. (Correo – Perú)


Los obispos salvan al Rey de las execraciones contra la ley del aborto

El Trono y el Altar no se enfrentarán por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como ley del aborto. Aprobada ayer por el Senado, la norma entrará en vigor cuando el Rey estampe su firma para su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Pero los obispos no excluirán del sacramento de la Eucaristía al monarca por esa rúbrica. Lo ha dicho hoy el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el jesuita Juan Antonio Martínez Camino. Las severas execraciones episcopales alcanzarán sólo a los diputados y senadores que han votado la polémica reforma. Esos están fuera de la comunión eclesial, entre otros, el presidente del Congreso, José Bono, católico confeso.

"Que Su Majestad el Rey tenga que sancionar con su firma una ley es una situación única. No hay ningún otro ciudadano que se encuentre en esta situación. Por lo tanto, no son posibles los principios generales para una situación única", ha señalado Martínez Camino en conferencia de prensa. Su tesis es que una cosa es lo que haga "Su Majestad el Rey, que es un caso único, y otra cosa es lo que haga un político con su voto, que tiene consideraciones diversas".

El portavoz Martínez Camino, obispo auxiliar del cardenal Antonio María Rouco en Madrid, se ha enfrentado hoy a un debate incómodo. Hasta siete periodistas le han preguntado sobre la contradicción que supone execrar de todos los políticos que hayan votado esa ley, amenazando con negarles la comunión si osan acercarse a recibirla, y su comprensión hacia la firma del Rey bajo ese documento legal, imprescindible para su entrada en vigor. "No voy a hablar más del asunto porque he dicho todo lo que tenía que decir. A todos los católicos, pertenezcan al partido que pertenezcan, se encuentren donde se encuentren, les hemos trasladado la doctrina general de la Iglesia, y las consecuencias que tiene el apoyo a esa ley", ha zanjado finalmente.

'Majestad NO firme.com'

La campaña 'MajestadNOfirme.com', jaleada con estruendo en varios medios de comunicación católicos, lleva recogidas unas 50.000 firmas de ciudadanos que animan a Juan Carlos I a no sancionar la ley del aborto. "Su Majestad ha demostrado a todos los españoles que es una persona valiente, sensible a las inquietudes de su pueblo y que sufre con los que sufren. Por eso me dirijo a vos, al considerarle el último recurso que nos queda para impedir lo que, sin lugar a dudas, será una de las mayores injusticias que van a cometerse en la historia de España. Por favor, Majestad, no sancione con su firma este nuevo holocausto. Aunque esta valiente decisión le traerá contratiempos, sin su firma la ley no entrará en vigor", le dicen los firmantes en una carta abierta.

Aunque sin citarlo, la campaña tiene un antecedente también regio. Ocurrió en Bélgica en 1990, cuando el Parlamento de ese país aprobó la despenalización del aborto y el rey Balduino renunció al trono durante 36 horas aduciendo objeción de conciencia. La treta legal, amparada por la Constitución, consistió en la declaración por el Consejo de Ministros belga de "la incapacidad temporal para reinar del representante de la Corona", asumiendo sus poderes de firma el Boletín Oficial del Estado.

Lo hizo el entonces primer ministro, el cristianodemócrata Wilfried Martens, con la publicación de una edición especial del Boletín donde anunciaba la incapacitación temporal del Rey y la asunción de todos sus poderes. Consumado el engorroso trámite, el Senado y la Cámara de Diputados belgas, reunidos en sesión extraordinaria, acordaron devolver a Balduino sus poderes constitucionales y revocar la incapacitación temporal dictada por el Gobierno de Martens. Pero la votación dejó huellas. Votaron a favor de esa decisión 245 parlamentarios y hubo 93 abstenciones, además de la ausencia intencionada de 57 legisladores.

Protestas en marzo

La Conferencia Episcopal ha acordado en la reunión de su Comisión Permanente de esta semana llamar a la movilización de los católicos hasta lograr la abolición de la nueva ley del aborto "cuanto antes". En este marco, han convocado para el día 25 de marzo una jornada por la vida y familia en toda España y expresan su apoyo a las manifestaciones convocadas por grupos llamados "provida" el día 7 del mismo mes.

Según informa Europa Press, a la protesta de los obispos se suma la de la Red Europea del Instituto de Política Familiar (IPF), que ya ha comunicado que exigirá en el Parlamento Europeo en marzo la derogación "inmediata" de la nueva ley del aborto porque provocará, a su juicio, que España se convierta, junto a Francia y Reino Unido, en el país de la UE con mayor número de abortos en 2015. (JUAN G. BEDOYA - El País – España)

'Pensionazo' en la calle... y pensiones de lujo para sus señorías

En medio del enconado debate sobre la propuesta del Gobierno para reformar las pensiones que ha hecho salir a la calle a los sindicatos y ha encrespado el clima político, muchas voces se están alzando contra el exclusivo sistema de prestaciones en materia de jubilación de los diputados y senadores, que les asegura un retiro al que ningún otro ciudadano puede aspirar. Este régimen especial garantiza a los miembros de las Cámaras unos complementos al sistema de pensiones común que les garantiza una pensión más alta, un derecho a prejubilarse más beneficioso y un plan de pensiones privado muy generoso.

El anuncio del Gobierno de comenzar a negociar un plan para reformar las pensiones ha motivado una intensa polémica y un intenso debate público sobre su conveniencia. Dicho plan está estudiando calcular la pensión sobre más años de salario o un periodo más largo de cotización, retrasar la edad efectiva de retiro laboral mediante la reducción de las jubilaciones anticipadas e incentivando el retraso voluntario de la jubilación o añadir dos años más a la edad legal de jubilación, desde los 65 años actuales a los 67, esta última, sin duda, la medida estrella de la propuesta.

El objetivo final de la eventual reforma es sostener a medio plazo el actual sistema del sistema de la Seguridad Social dada la presión demográfica, que está haciendo aumentar la esperanza de vida y reduciendo la natalidad, lo que descompensará la proporción entre cotizantes y trabajadores, y la merma de afiliados, agudizada por la crisis económica. Pero, aunque muchos expertos dudan de la reforma sea en sí misma sea suficiente para mantener el equilibrio presupuestario y encarar la crisis, el Gobierno se mantiene firme en su propuesta y de momento ignoran las protestas de los sindicatos, que creen que retrasar la edad de jubilación actual es sinónimo de renunciar a una conquista social de los trabajadores y reprochan al Gobierno que intente solventar el problema con un recorte del gasto público. El Gobierno también ha recibido críticas de casi todos los partidos políticos, tanto por el momento en que se ha hecho público el anuncio como en su forma, sin haber contado sus intenciones al Pacto de Toledo, que se encarga de establecer las líneas de actuación y recomendaciones de reforma en el sistema de pensiones contributivo.

En medio de este debate, ha salido tímidamente a la palestra el sistema de pensiones de los diputados y senadores, un régimen especial para estos miembros de las cámaras que les garantiza unas prestaciones en materia de jubilación pública a las que no puede aspirar ningún otro profesional, como, por ejemplo, cobrar la pensión máxima con tan sólo 12 años de mandato y, en algunos casos, sólo con siete. El régimen choca frontalmente con las llamadas a la contención del Gobierno y aunque todavía no se ha contemplado su modificación, muchas voces ya lo están pidiendo.

3.000 euros de salario base... y un jugoso paquete de complementos
La asignación constitucional para 2010 de un diputado es de 3.125,52 euros mensuales, salario base al que se añaden complementos en función del cargo -desde los 3.605 del presidente además de los gastos de representación hasta los a los 775,17 de los portavoces adjuntos de comisiones, y complementos de destino -1.823 euros mensuales más para los diputados y senadores de fuera de Madrid y 870 para los que viven en la capital (ver información adjunta).

Además de estos emolumentos, el reglamento de prestaciones económicas para los ex parlamentarios, vigente desde hace casi cuatro años, articula un mecanismo que permite que, en los supuestos en los que los parlamentarios no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, las Cámaras abonarán la diferencia, es decir, una "pensión parlamentaria" para diputados y senadores que hayan formado parte de las Cortes durante un mínimo de siete años y siempre que hayan cumplido 65 y hayan obtenido la jubilación, o bien se hayan jubilado anticipadamente con al menos 60 años y 40 años de cotización.

La cuantía de ese complemento será la diferencia entre la cuantía de la pensión que corresponde al parlamentario por su actividad profesional y la cifra anualmente establecida como límite máximo de percepción de pensiones públicas. Eso sí, en el caso de parlamentarios con un mandato de siete a nueve años se les aplica el 80% de ese límite, a los de nueve a once años se les calcula el 90% y a los de más de once años se les cubre hasta el máximo.

"Los diputados y senadores no tienen unas pensiones específicas, sino unos complementos y prestaciones añadidas a las pensiones ordinarias", explica a Expansión.com Ramón Marcos Allo, letrado de la Administración de la Seguridad Social y miembro del Consejo de Dirección de Unión Progreso y Democracia (UPyD), reguladas en el reglamento aprobado el 11 de julio de 2006 "cuando el PSOE estaba en mayoría", apostilla.

Esta regulación se refiere, esencialmente, a cuatro materias: la asignación de un complemento de las pensiones públicas, de una ayuda mensual equivalente a lo que coloquialmente se conoce como prejubilación, unas indemnizaciones por cese en su condición de parlamentarios y unas aportaciones con cargo a los presupuestos de las Cortes Generales para unos planes privados de previsión social. El motivo para publicar dicho reglamento fue "cubrir una laguna normativa que existe desde la aprobación de los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado en 1982 y a dar una cobertura jurídica sistemática a distintas situaciones que la dedicación a la actividad parlamentaria produce", pero el fin último fue equiparar estas retribuciones a las de los parlamentarios de otros países de la Unión Europea.

Un reglamento para asegurar las prestaciones
Para ello, se articuló un mecanismo que permite que, en los supuestos en los que los parlamentarios no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, las Cámaras abonan la diferencia entre este límite y la pensión percibida por el solicitante. Además, para los supuestos en que se den situaciones de precariedad, se establecen fórmulas como la del sistema de complementación de ingresos, en vigor desde el 7 de julio de 1987; la indemnización por cese, que compensa la carencia de cobertura por desempleo que un diputado puede tener, por ejemplo, al intentar volver a su ocupación habitual cuando deja las cámaras, y que se gradúa en función de los años de dedicación a las Cámaras.

A estas prestaciones se une complemento que permite hacer frente al período de transición que se da entre la disolución de las Cámaras y su constitución tras las elecciones, además del apoyo al sistema público de pensiones con las aportaciones a planes privados de carácter complementario. "Este tipo de indemnizaciones se dan en la mayoría de los parlamentos de los Estados de nuestro entorno", reitera el reglamento.

Parlamentarios españoles con prestaciones "europeas"
En definitiva, la aplicación del reglamente se traduce en que diputados y senadores que "gozan de unos beneficios que no tenemos el resto", ya que "que les otorgan más derechos que a los demás ciudadanos", sentencia Marcos, que tilda estas prebendas en materia de pensiones de los diputados y senadores de "privilegios". Ello ha motivado en numerosas ocasiones protestas de este partido y tienen previsto presentar una reforma para que se equiparen a las que perciben los ciudadanos.

De hecho, su partido va a presentar en breve una iniciativa que se encuentra en fase de revisión técnica para eliminar los privilegios de la actual regulación, ya que, según UPyD, los parlamentarios gozan de un régimen exclusivo, y "nosotros estamos en contra de cualquier privilegio", recalca.

"Hablo de privilegios porque tienen reconocidos unos derechos en materia de complementos de pensiones, prejubilaciones, planes de pensiones e indemnizaciones que no tienen reconocidos los ciudadanos normales y que no se corresponden con la función constitucional que tienen asignada", argumenta Marcos. "Viajar con cargo al Congreso para conocer un problema social que vaya a debatirse en el Congreso es un derecho y no un privilegio. Pero poder prejubilarse a los 55 años con un 60% de la asignación constitucional de 3.125 euros mensuales con cargo igualmente al Presupuesto del Congreso es un privilegio. No se justifica por la función que hace el diputado o senador. De hecho, en la norma que lo regula, se dice que es para parecerse a los parlamentarios de otros países, olvidando que a lo que deben asimilarse es a los ciudadanos españoles".

Pero Marcos cree que deberían compararse "no con los salarios alemanes, sino con los sueldos y prestaciones y salarios reales que hay en España. "Si ellos son representantes de los españoles, tienen que dar ejemplo y adoptar su situación a la de la economía del país.

Funcionarios y empleados públicos, también a la zaga
Según explica este letrado, las pensiones de estos cargos son inalcanzables para cualquier ciudadano, independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, pero también para los funcionarios y los empleados públicos.

Las pensiones públicas se rigen por la Ley General de Seguridad Social y los funcionarios tienen dos posibilidades: Los funcionarios de carrera de la Administración Civil y Militar del Estado, los de la Administración de Justicia y los de las Cortes Generales están encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas, mientras que los de la Administración local, Organismos Autónomos y los de Comunidades Autónomas, además de los empleados públicos, acceden a su jubilación mediante el Régimen general de la Seguridad Social, de la misma forma que los asalariados o los autónomos, y por tanto, con los mismos derechos que el resto de los trabajadores incluidos en ese régimen.

"Si están en clases pasivas, los derechos de los funcionarios, son también muy similares, aunque con alguna excepción respecto de la jubilación anticipada y otras cosillas menores. Pero en ambos casos, la pensión máxima es igual y no hay complementos para llegar a ella por ejercer una determinada actividad", señala Marcos. "Los funcionarios no tienen el sistema de complementos de pensión ni prejubilaciones que tienen los parlamentarios", concluye.

Bono alude a Ronaldo para justificarlo
El presidente del Congreso, José Bono, remitió el pasado 6 de febrero una carta a todos los diputados en defensa de su sistema de pensiones en la que explica que quien haya ocupado un escaño durante siete años no recibe una "pensión" cuando se jubile, sino "un complemento de pensión" de una cuantía media de 1.066 euros mensuales.

La misiva subrayaba que, hasta ahora, han percibido el "complemento de pensión" sólo 70 de los 3.609 diputados y senadores que ha habido en total durante las nueve legislaturas. De ellos, una considerable mayoría fueron parlamentarios en las primeras legislaturas tras el franquismo. No obstante, el reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex parlamentarios, aprobado en 2006, precisa que "las Cortes Generales abonarán con cargo a su Presupuesto una pensión a quienes hayan sido miembros del Congreso o del Senado".

Para cobrarla, los ex parlamentarios tienen que haber ocupado el escaño durante al menos siete años y haber cumplido 65 en el instante de la recepción de la susodicha "pensión", señala Bono remitiéndose a la legislación vigente. También habrá de estar jubilado o jubilado anticipadamente, en cuyo caso ha de tener 60 años y haber cotizado durante 40. La carta del presidente de la Cámara alude también al presupuesto de la Cámara, que se ha reducido en dos años unos 200.000 euros y los sueldos de los diputados llevan dos años congelados. La cuantía que el Estado dedica a las Cortes Generales -Congreso y Senado-, al Defensor del Pueblo y a la Junta Electoral Central representa un 0,09% del Presupuesto total del Estado. Con todo ello, Bono recalca: "El vigente Presupuesto (...) es exactamente cuatro millones más de lo que supuso el último fichaje estrella de la Liga de Fútbol Española", el de Cristiano Ronaldo.

Excepciones: Si se revisan, junto a las demás pensiones
Por su parte, el presidente del Senado, Javier Rojo, añade en línea con Bono que las pensiones de los políticos se deben ver como "excepcionalidades" y no como privilegios. Eso sí, no cierra la puesta a modificar su regulación, aunque "cualquier modificación de las mismas debe estudiarse en el marco del actual debate sobre el sistema de pensiones", señaló el pasado 3 de febrero durante la inauguración de las jornadas sobre La ley e Internet en el Colegio de Abogados de Madrid.

En cualquier caso, Rojo apuesta por abordar este debate con "el sosiego, la serenidad y la tranquilidad" que requiere la propia cuestión, y puso como ejemplo su caso, el de un presidente del Senado que, sin embargo, ha cotizado a la Seguridad Social durante 43 años. "Como mi caso hay muchos", señaló, tras insistir una vez más en que en estos casos es necesario hablar de excepcionalidad.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, también está dispuesta a revisar el sistema de pensiones de los parlamentarios, pues considera que su formación tiene claro que se debe "predicar con el ejemplo", al igual que su partido ha propuesto ya congelar los sueldos de estos profesionales. La dirigente del PP contestó que ha algunas medidas llamativas pero de "aplicación muy limitada" pues la mayoría de los parlamentarios trabaja y cotiza antes y después de llegar a las Cortes Generales. "No tengo inconveniente de abordar éste y otros temas de funcionamiento de régimen interno", señaló.

Incluso el ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE, José Blanco, se ha mostrado dispuesto a corregir el régimen de pensiones del que disfrutan estos cargos públicos, funcionarios con cargos públicos y otras situaciones donde falte "equidad". "Estoy dispuesto a corregir esta situación y a que el sistema introduzca más equidad. No sólo en eso [diputados y senadores]. Hay muchos casos en distintos ámbitos y estoy dispuesto a hablar de todo, asumiendo errores. No debe haber excepciones dentro de los parámetros de sostenibilidad, futuro y equidad de las pensiones", aseguró el martes 2 de febrero en una entrevista con TVE. UpyD lo tiene claro: "Lo que hay que hacer es limitar estos privilegios y que los miembros de las cámaras tengan las pensiones que les correspondan de acuerdo con las Leyes de Seguridad Social y Clases Pasivas, igual que el resto de ciudadanos". (Marga Castillo – Expansión – España)

Los líderes sindicales señalan que el 'pensionazo' supone un riesgo de "fractura social"

Los líderes sindicales Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez señalaron esta mañana que "la paz social es patrimonio de todos y responsabilidad de todos. Nosotros no somos los que rompemos la paz social ni queremos hacerlo en el futuro. Eso va a depender mucho de las propuestas y posiciones del Gobierno", afirmó el dirigente de UGT. En concreto, señalaron que el 'pensionazo' es muy desacertado y supone un riesgo de "fractura social".

En sendas entrevistas en la Cadena Ser y RNE, los líderes de CCOO y UGT, explicaron su desacuerdo con algunas de las últimas políticas del Gobierno el día que se han convocado movilizaciones por las principales ciudades de España en contra de la reforma del sistema público de pensiones.

Toxo subrayó que el Gobierno está en una "inflexión de su política", lo que demuestra no sólo con la propuesta de las pensiones, sino también con el plan de austeridad. Sobre las pensiones, señaló que es una propuesta "innecesaria", supone un "riesgo de fractura social" y ha generado una "alarma social importante".

"[El Gobierno] nos saca a la calle porque no estamos de acuerdo con que esa propuesta salga adelante y queremos advertirle de que ese no es el camino, más aún cuando existe la posibilidad en España de seguir trabajando más allá de los 65 años de manera incentivada", dijo Méndez.

Ya existe un sistema de 'jubilación flexible'(que permite prolongar la vida laboral más allá de los 65 años voluntariamente y con incentivos de más pensión), en vigor desde hace unos años, que fue apoyado por el Gobierno, los agentes sociales y los Grupos Parlamentarios, por lo que Méndez consideró que, si ahora el Ejecutivo socialista propone ampliar la edad legal de retiro, es que "no cree ni siquiera en lo que firma". "La propuesta del Gobierno era muy desacertada, la base debería ser el acuerdo en vigor que tenemos, no se pueden olvidar, el debate es siempre cómo recortar gastos. En España si aumenta la tasa de empleo de mujer y mejoran sus salarios se pueden mejorar los ingresos", añadió.

Toxo tomaba indicó: "El Gobierno ha actuado de manera imprudente, enviando una señal de alarma generalizada con el futuro de las pensiones y cuestionando el Pacto de Toledo. Y además sabe que es una medida innecesaria".

El secretario general de CCOO señaló también que "el mensaje a los mercados internacionales han generado alarma, cuando parece que están rectificando Corbacho lo estropea, hay que conseguir que el salario mínimo suba a niveles que la economía se puede permitir. La tasa femenina es 17 puntos inferior a la masculina, incrementándola un par de puntos se eliminan los riesgos de las pensiones, hay que mantener el consenso de Toledo".

Reforma laboral
Por otro lado, los dirigentes sindicales se refirieron a la reforma laboral que están negociando con Gobierno y empresarios. Toxo reconoció que se ha producido "un cierto cambio de enfoque" en los empresarios, cuyas expresiones, dijo, "han dejado de ser tan estridentes". El líder de CC.OO. celebró que se haya salido del "círculo vicioso" de identificar la reforma laboral con retroceso de las derechos.

Ambos secretarios generales advirtieron de que la reforma laboral no servirá para crear empleo, pues eso dependerá de la actividad económica, y, en este sentido, Toxo admitió tener "serias dudas" de que en 2010 se vaya a poder generar empleo neto, sobre todo si se crece por debajo del 2%.

Méndez, por su lado, indicó que, a diferencia de crisis pasadas, ahora no se puede tirar de la construcción ni del precio del dinero para crear empleo neto. "De España tira Europa, y las perspectivas de Europa no son buenas", manifestó. (Expansión – España)

Comprarse un piso cuesta el salario medio de siete años

Los tipos de interés en el 1% desde marzo, el euribor en mínimos históricos y la caída de precios ante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria han reducido en casi un año el salario medio que debían destinar las familias españolas para comprar un piso antes de la crisis, hasta caer cerca de los siete años al cierre de 2009, según los últimos datos del Banco de España. Los hogares destinaron el 35,9% de su renta bruta disponible a financiar su vivienda en 2009, un 15% menos que en el cuarto trimestre de 2008 (51,7%).

Antes de que la desconfianza se propagara en los mercados financieros, una vivienda media (93,75 metros cuadrados) costaba el salario medio de casi ocho años, que disminuyó a los 7,5 años en 2008.

Descontando las deducciones de las que se benefician las familias por compra de vivienda a través del IRPF (un 15% con carácter general hasta un máximo de 9.015 euros anuales), los hogares destinaron el 35,9% de su renta bruta disponible a financiar la adquisición de su vivienda en 2009, cifra inferior a la del cuarto trimestre de 2008 (51,7%).

En términos anuales, los hogares destinaron el 29% de su renta bruta disponible a financiar la compra de vivienda durante el cuarto trimestre de 2009, más de 12 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior (41,6%). La cifra alcanzada se sitúa en niveles inferiores a los de 2005, cuando la renta bruta de las familias que se dedicaba a este fin se situó en el 36,4%.

La cantidad que las familias destinaron a la compra de vivienda siguió incrementándose a lo largo de 2008, al tiempo que lo hacía el Euríbor, el tipo de referencia de la mayoría de las hipotecas en España, que llegó a alcanzar su máximo en el mes de julio (5,393%).

Sin embargo, el porcentaje de la renta para la compra de vivienda cayó en el último trimestre de 2008, tras haberse situado en el máximo del 52,8% entre julio y septiembre, en consonancia con los últimos descensos de los tipos de interés y la progresiva reducción del euribor, que cerró el 2008 en el 3,452%.

Además, el precio medio de la vivienda libre se situó en 1.892,3 euros por metro cuadrado al cierre de 2009, con un descenso interanual del 6,3%, según los datos difundidos la semana pasada por el Ministerio de Vivienda.

Siguiendo la tónica, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas bajó un 15,8% en octubre en relación al mismo mes de 2008, hasta situarse en 113.882 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). (Expansión – España)

Blanco se pone negro con Latinoamérica: "Algunos quieren infraestructuras de primera pero con impuestos de un país latinoamericano"

El ministro de Fomento, José Blanco, ha abogado por "introducir racionalidad" en el debate económico y por "dejar atrás la bronca política", Sin embargo, ha dicho, en clara alusión al PP: "Algunos quieren ser un país de primera en servicios públicos y en infraestructuras y tener al mismo tiempo los impuestos de un país latinoamericano".

En una entrevista con el diario Público, Blanco afirma que el Gobierno ha ofrecido a los grupos políticos "negociar sin condiciones previas" y remarca que, "ante la exigencia de los ciudadanos, el PP debe decidir si actúa como motor o como freno de la recuperación económica".

El también vicesecretario del PSOE y miembro de la Comisión anticrisis constituida por el Ejecutivo confía en que el PP "va a enterrar el hacha de guerra y se va a incorporar al trabajo" cuando vea que el resto de los grupos se han puesto a "construir", y advierte de que si no lo hace "tendrá que dar muchísimas explicaciones a los ciudadanos".

Blanco, contrario a las condiciones de Rajoy
Para Blanco, "los grupos nacionalistas están demostrando tener más sentido de Estado que el PP", ya que el presidente del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, "ha impuesto condiciones" y alguna de ellas "pondrían en riesgo la credibilidad de España si se aplicaran".

A este respecto, señala que una bajada de impuestos obligaría a renunciar al objetivo de reducción del déficit público o a recortar recursos a la protección social.

Frente a la bajada de impuestos
"Algunos quieren ser un país de primera en servicios públicos y en infraestructuras y tener al mismo tiempo los impuestos de un país latinoamericano, y "eso no puede ser" porque "los servicios cuestan dinero y hay que pagarlos", insiste.

El ministro también ha hablado del esfuerzo que está dispuesto a hacer el Gobierno para alcanzar un acuerdo en materia de reforma laboral, ya que "en sí mismo sería un elemento dinamizador para la creación de empleo".

Empleo
No obstante, ha dicho que "las reformas que necesita España no son las de abaratar el despido o flexibilizar las condiciones del mismo", sino las dirigidas a garantizar la estabilidad en el empleo.

Blanco es contrario a ampliar el periodo de cómputo para el cálculo del importe de las pensiones, pero sí ha apuntado la necesidad de acercar la edad real de jubilación -ahora en 63 años de media- a los 65 que establece la legislación.

La caída de Zapatero
En clave más política, el ministro de Fomento niega que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, esté "en declive" y afirma que es el "mejor activo" del partido.

Confía en que, en las próximas elecciones autonómicas de 2011, el PSOE sea capaz de ganar alguna comunidad más y de no perder ninguna de las que ya gobierna, y asegura que dispone de encuestas "muy positivas" sobre la posición del partido en Andalucía, donde el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "representa un nuevo tiempo para responder a los nuevos desafíos". (El Economista – España)

La Policía no deja entrar en España a inmigrantes con asilo

La Policía Nacional de Ceuta y Melilla veta de forma sistemática la entrada a la Península de inmigrantes con solicitud de asilo, pese a que el documento que expide el Ministerio del Interior permite la libre circulación por el territorio nacional. Las Delegaciones de Gobierno de las ciudades autónomas reconocieron la existencia de una orden ministerial

La asociación pro derechos humanos Prodein recriminó ante la Justicia el incumplimiento de la legislación en el mes de enero y la denuncia provocó una serie de reacciones en cadena. La Policía admitió que cumplía órdenes. Las Delegaciones de Gobierno de las ciudades autónomas reconocieron la existencia de una orden ministerial. Y el Gobierno justificó la decisión en base a una cláusula de reserva existente para Ceuta y Melilla en el Acuerdo de Schengen.

Las razones oficiales no convencen. La alianza internacional a la que se refiere el Gobierno sólo matiza que España mantendrá "controles de documentación en las conexiones marítimas y aéreas de Ceuta y Melilla". Pero las personas a las que se les denegó el acceso a la Península poseen una acreditación temporal de Interior que les autoriza a viajar por el territorio español. El Gobierno viola los derechos de solicitantes que recogen la Ley de Asilo, Extranjería y la propia Constitución.

"El Gobierno está violando los derechos fundamentales de solicitantes que recogen la Ley de Asilo, la Ley de Extranjería y la propia Constitución», explica Mercedes Rubio, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

La Comisión tramita treinta denuncias por el procedimiento contencioso administrativo y ha interpuesto una demanda de protección de los derechos fundamentales en los juzgados de Melilla. Por su parte, el Defensor del Pueblo ha exigido al Gobierno que deponga su actitud y respete "los derechos que se les reconoce a los demandantes del estatuto de refugiados". No obstante, la institución permanece a la espera de la respuesta definitiva de la Comisaría General de Extranjería para determinar las medidas que llevará a cabo.

Filtros policiales

El objetivo de la actitud policial sería evitar que las ciudades autónomas se conviertan en territorios de paso "masivo" de inmigrantes a la Península. Fuentes de CEAR explican que la disminución de requisitos que exige la nueva Ley de Asilo para obtener el certificado provisional de solicitante ha hecho aumentar los controles para acceder a la Península. Es lógico que el Gobierno quiera controlar las migraciones
"Es lógico que el Gobierno quiera controlar las migraciones. Pero el objetivo no puede justificar la violación de los derechos humanos", concluye Mauricio Valiente, responsable del servicio jurídico de CEAR.

Ilegal en Melilla, legal en Málaga

La Policía entregó a Kemel, argelino, en enero la tarjeta de solicitante de asilo. Dos días después se dirigió al Puerto para cruzar el Estrecho y la Policía le impidió el acceso. "La Jefatura de Policía de Melilla ha dado orden de no dejarte cruzar", le aseguró un agente. No hubo más explicaciones. La Jefatura de Policía de Melilla ha dado orden de no dejarte cruzar’

Días después, Kemel decidió incrustarse a los bajos de un camión que cruzaba el Estrecho en barco y entró en la Península. La embarcación atracó y Kemel se mezcló con el resto de pasajeros. En el control policial, los agentes le solicitaron la documentación. Entregó la tarjeta amarilla, verificaron su vigencia y le dieron la bienvenida. Ahora se encuentra en un albergue de Málaga a la espera de que el Gobierno le conceda el permiso definitivo de residencia. "La historia de Kemel revela que los criterios policiales en la Península y en Ceuta y Melilla son diferentes", matiza José Palazón, presidente de Prodein. (20 Minutos – España)

El FMI defiende la credibilidad y la fortaleza de las instituciones españolas y portuguesas

España y Portugal muestran diferencias estructurales respecto a otros países de la zona euro ante la crisis, como la fortaleza de sus instituciones y su credibilidad, declaró este jueves un portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI). "No queremos especular sobre los últimos acontecimientos en los mercados, pero sí quiero señalar, sobre Portugal y España, que vemos diferencias entre sus circunstancias y las de otras áreas de la zona euro", declaró David Hawley, un portavoz del Fondo, en rueda de prensa.

Entre esas diferencias se hallan "la fortaleza de sus instituciones y estadísticas nacionales, su credibilidad y buen historial", añadió Hawley, en aparente referencia a Grecia.

España, que cerró 2009 con una caída del 3,6% de su PIB y que ostenta el peor índice de desempleo de la zona euro, tiene graves dificultades presupuestarias, que han llevado en los últimos tiempos a movimientos especulativos en los mercados internacionales.

La UE decidió esta semana poner bajo tutela presupuestaria casi total a Grecia, una acción sin precedentes desde la creación de la moneda única europea, para atajar su nivel de déficit público.

Un mero consejero
Por otro lado, el FMI ha asegurado que su papel en Grecia se limita a aconsejar a las autoridades sobre las cuestiones de reforma presupuestaria, tal como solicitó el país.

La misión técnica del organismo en Atenas en enero se ocupó de "cuestiones de administración fiscal, de política fiscal, de gestión presupuestaria y de reforma de las pensiones", declaró David Hawley.

"Grecia no ha reclamado apoyo financiero del Fondo", recordó el portavoz, que destacó que los Estados miembros de la institución "piden en forma rutinaria el peritaje del Fondo en materia de asistencia técnica". (El Economista – España)

El Supremo ordena anular varias cláusulas de tarjetas e hipotecas por "abusivas"

El Tribunal Supremo ha ordenado anular varias cláusulas incluidas en los contratos de tarjetas de crédito, préstamos e hipotecas que suscribían los clientes del Banco Santander, BBVA, Bankinter y Caja Madrid por considerar que son "abusivas", "desproporcionadas" o "confusas".

Su carácter abusivo resulta incuestionable: es limitación de los derechos del consumidor En una sentencia publicada este miércoles, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal estima así parcialmente el recurso que interpuso la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra la decisión que tomó en 2005 la Audiencia Provincial de Madrid de declarar válidas varias de las cláusulas denunciadas. Entre las anuladas ahora por el Supremo destacan especialmente las que descargaban en los propietarios de tarjetas o libretas los perjuicios acarreados por su robo o uso fraudulento, en tanto en cuanto esas circunstancias no fueran comunicadas a las entidades financieras.

La sentencia -en la que ha actuado como ponente el presidente de la Sala de lo Civil, Juan Antonio Xiol Ríos- establece que "la existencia de un extravío o sustracción debe comunicarse sin demora indebida desde que se conoció la desaparición". No obstante, cree que "las cláusulas que eximen de total responsabilidad a la entidad bancaria de manera indiscriminada y sin matización o modulación alguna son abusivas" y "desproporcionadas".

En la misma línea sitúa las estipulaciones que excluyen "en todo caso" la responsabilidad de la entidad bancaria cuando el PIN o contraseña de una tarjeta o libreta es obtenido por coacción o fuerza mayor. Los magistrados insisten en que "es notorio que, en ciertas circunstancias, las entidades bancarias pueden advertir utilizaciones indebidas empleando la diligencia que les es exigible".

"Abusos" en las hipotecas

En el apartado de hipotecas, declaran abusivas las cláusulas que prohíben el arrendamiento de fincas hipotecadas, si bien admiten que este tipo de acciones pueden disminuir el valor del inmueble. Por ello, los magistrados abogan por que en estas cláusulas se concrete la renta que debe exigir el propietario para que se corrija "la disminución del valor" que el arrendamiento pueda ocasionar al banco en caso de impago del crédito y de necesidad de ejecución del inmueble.

El Supremo también rechaza que las entidades financieras puedan incluir en los contratos la renuncia del cliente que recibe un préstamo hipotecario u otra clase de créditos a ser informado de su cesión a otra entidad. "Su carácter abusivo resulta incuestionable" porque "supone una renuncia o limitación de los derechos del consumidor", argumenta la sentencia (20 Minutos –España)

¿Le ronda una buena idea? Cobre el paro de una vez y hágase empresario

Con la carta de despido en la mano, a Santiago Martínez se le pasaron muchas cosas por la cabeza. Diez años trabajando para la misma consultora y, de la noche a la mañana, debía decir adiós a su rutina diaria, a sus madrugones, a su sueldo. ¿Crisis u oportunidad? Para él, se trató de lo segundo. "Hace meses que me rondaba por la cabeza montar un negocio, así que decidí capitalizar el paro para contar con un apoyo económico adicional", explica.

Ahora está a punto de lanzar su propia consultora tecnológica para pymes, con el impulso de los 9.500 euros que obtuvo de adelanto. Pero no podrá dormirse en los laureles: durante tres años tendrá que mantener su actividad, porque si no, deberá reingresar el dinero al Servicio Público de Empleo.

Como Santiago, este año habrán obtenido la prestación del desempleo en un pago único alrededor de 38.000 personas en España -en estos momentos, 140.000 están disfrutando la ayuda, pues muchos piden un adelanto en forma de cuotas de la Seguridad Social-. Eso sí, casi todos ellos son autónomos -el 85%- y el resto trabajadores que han creado una cooperativa o una sociedad laboral, según cálculos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (Upta).

Teniendo en cuenta que a finales del primer trimestre del año que nace habrá 4,5 millones de parados, según el Euroíndice Laboral del Iese y Adecco, no está de más cubrirse las espaldas. Si su puesto corre peligro, le explicamos paso a paso qué debe hacer para obtener esta inyección económica.

Tener claro el negocio
Lo primero es solicitarlo antes de que le queden tres meses para acabar la prestación, pero, sobre todo, tener muy claro el tipo de negocio que se quiere montar. "No hay que basarse en esta ayuda para hacer el plan de negocio, debe ir acompañada de una línea de crédito adicional y de un estudio contrastado del proyecto, que tiene que ser más empresarial que de corazón", sugiere Juan Antonio Pedreño, presidente de Cepes (Confederación Empresarial Española de Economía Social).

De ahí que, debido a la restricción crediticia, sea más aconsejable olvidarse de inversiones potentes y percibir la cantidad dividida como compensación a las cuotas de la Seguridad Social. "Es quizás lo más recomendable para los autónomos que no quieran montar una empresa", añade Sebastián Reyna, secretario general de Upta.

Si aun así se decanta por ingresar casi todo de golpe, podrá cobrar hasta un máximo del 60% de la prestación en un pago único y, desde que se aprobó en verano, hasta un tope del 80% en el caso de los hombres menores de 30 años y de mujeres menores de 35.

El dinero restante se destinará a compensar las cuotas de la Seguridad Social. En total, la cifra a percibir de una sola tacada en raras ocasiones superará los 10.000 euros. "La media está en 7.500 euros", afirma el responsable de Upta. Y si se hace con más, respire tranquilo: hasta los 15.500 euros, la cantidad está exenta en el IRPF.

Si por el contrario, lo suyo es montar una cooperativa o una sociedad laboral -como las 8.000 personas que este año lo han hecho tras capitalizar su prestación-, tendrá la ventaja de que, ahora, los profesionales que hayan estado hasta 24 meses trabajando para una empresa de este tipo y que se hayan quedado en el paro, "pueden incorporarse como socios a esa misma compañía capitalizando el desempleo", añade Juan Antonio Pedreño. La mejor forma de sentir el proyecto como algo más suyo.

Darse de alta como autónomo y rapidez en la puesta en marcha

Más allá de que para obtenerlo hay que estar parado y cobrando una pensión por desempleo de carácter retributivo, debe evitar dos errores muy habituales. El primero, "iniciar la actividad empresarial más de un mes más tarde y, el segundo, darse de alta como autónomo antes de pedir la capitalización", alerta José Ignacio Ullastres, asociado senior de Landwell-PwC. Como no se dé prisa en comenzar o se dé de alta como autónomo antes de solicitarla, podrá quedarse sin la ayuda.

Y no se haga ilusiones, porque no siempre le darán el dinero a la primera de cambio. Habitualmente, pasa mes o mes y medio desde que se pide hasta que se cobra. Y cuidado: en la práctica, el Servicio Público de Empleo está denegando la capitalización cuando el trabajador demanda contra su despido. "En esos casos hay que esperar a la resolución judicial para poder solicitarla", aclara el abogado laboralista de Landwell-PwC. Ya sabe, ármese de paciencia. (El Economista - España)

Las indemnizaciones por despido en España y su tributación: la situación actual

Dentro de la Unión Europea, España ocupa el tercer puesto entre los países con mayores costes por despido. En relación al gasto en concepto de indemnización, la compensación media por cada trabajador en España asciende aproximadamente a 12 meses de salario, únicamente por detrás de Portugal y Grecia. Este dato contrasta con países como Dinamarca, donde la indemnización media por trabajador asciende a 2,5 meses de salario.

En relación a las indemnizaciones por despido improcedente, el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores (ET) establece una indemnización ascendente a 45 días de salario por año de servicio, hasta el límite de 42 mensualidades. Como supuesto específico se encuentra el denominado contrato de fomento de la contratación indefinida, reservado a colectivos de difícil inserción laboral. Este contrato reduce la indemnización por despido a 33 días de salario por año trabajado.

En la actualidad el debate social está sobre la mesa, siendo numerosos los estudios que abogan por la reducción de estas cuantías como forma de frenar la contratación temporal así como vía de alcance de una mayor flexibilidad laboral que estimule a las empresas a llevar a cabo nuevas contrataciones de carácter indefinido.

La polémica no sólo se encuentra en el número de días de indemnización, sino que también presenta una importancia capital el número máximo de mensualidades a satisfacer (42 mensualidades). De acuerdo con la regulación actual, un trabajador con contrato indefinido estaría acumulando antigüedad a efectos de indemnización hasta el año 28 desde su contratación.

Tasas de paro altas
Mientras que es muy discutida la relación entre indemnizaciones por despido elevadas y tasas de paro altas, parece claro que sí tienen un efecto muy negativo respecto a los excesivos niveles de contratación temporal. Este hecho se encuentra acentuado por la enorme diferencia entre la indemnización prevista para finalización de contratos temporales (8 días por año trabajo) y los contratos indefinidos ordinarios (42 días por año trabajado).

En relación al despido por causas objetivas (individual o colectivo) basado en circunstancias económicas, técnicas, organizativas o de producción, los artículos 51 y 52 del ET establecen una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.

El legislador ha optado por no hacer diferenciación cuantitativa entre las causas de despido objetivas, hecho que no parece lógico debido a la diferente situación patrimonial de la empresa que lleve a cabo este tipo de despidos. Un despido basado en causas técnicas, organizativas o de producción no tiene que estar acompañado por situaciones de crisis empresarial, sino de adaptación de las técnicas o formas de producción. En esta situación, no parece justificado que las indemnizaciones se vean reducidas en más de un 50 por ciento respecto a los supuestos de despido improcedente.

Supuesto de crisis patrimonial
En cambio, en casos de despidos por causas económicas, siempre estará presente un supuesto de crisis patrimonial que se vería agudizado con las indemnizaciones abonadas por los despidos, lo que desestabiliza aún más a la empresa y perjudicaría igualmente a los trabajadores que continúan prestando sus servicios en ella.

Por otro lado, resulta también significativo el tratamiento tributario que se le dé a la indemnización. Este hecho es fundamental para los trabajadores, aunque también es importante para la empresa. Por un lado afecta a la hora de gestionar fiscalmente el gasto y, por otro, afecta al cómputo de las cantidades reales ofrecidas por el empresario a la hora de negociar con los trabajadores (que recibirán estas cantidades como neto o bruto según el caso).

Hasta ahora, la regla general había sido que todas las cantidades abonadas en concepto de despido se encontraban exentas de tributación a efectos del IRPF siempre que se hallen dentro de los límites legales antes expuestos. Las cantidades que excedan de estos límites legales estarían sujetas al IRPF como rendimientos de trabajo personal y, por tanto, deben de ser objeto de retención, sin perjuicio de su tratamiento como renta irregular.

Improcedencia del despido
Este tratamiento provocaba, en supuesto de despidos colectivos, situaciones discriminatorias en relación con las indemnizaciones recibidas en casos individuales de despido. Si en un ERE se pactaban indemnizaciones por encima de las establecidas legalmente (algo totalmente habitual), éstas quedaban sujetas al IRPF. En cambio, si el despido por causas objetivas era de carácter individual era frecuente que las partes llegasen a un acuerdo mediante el que la empresa reconocía la improcedencia del despido y la exención tributaria alcanzaba a todas las cantidades pactadas (hasta el límite legal de 45 días por año de servicio).

Esta situación cambió el pasado mes de noviembre, cuando, pese a la lógica reticencia del Ministerio de Hacienda, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó una enmienda, instada por el Partido Popular y Convergencia i Unió, a la Ley de Medidas Urgentes para el Mantenimiento del Empleo. Mediante esta enmienda, la indemnización de trabajadores afectados por un ERE estará exenta a efectos del IRPF hasta los 45 días por año de servicio.

De esta forma, se equipara el tratamiento fiscal de los despidos improcedentes y los despidos colectivos efectuados dentro de un ERE. El empresario consigue igualmente ampliar el impacto de las cantidades ofrecidas dentro de la negociación en el ERE, ya que los trabajadores van a poder recibir las cantidades ofrecidas como cantidades netas.

Por último debemos aclarar que las cantidades abonadas en concepto de salarios de tramitación estarán en todo caso sujetas a efectos del IRPF como rendimientos del trabajo y a su sistema de retenciones. Por otro lado, la indemnización por despido satisfecha por el empresario es fiscalmente deducible en el cálculo del rendimiento de la actividad económica desarrollada. (Carlos Delgado - El Economista – España)

Corbacho quiere frustrar 366.000 prejubilaciones

Si el ministro Blanco ha logrado poner coto a los controladores, nada impide que Corbacho haga lo propio con una práctica tan ancestral y socialmente tolerada como las prejubilaciones. El fenómeno está ligado a pactos excepcionales –famosos en la banca y entre los entes públicos– que permiten al trabajador abandonar prematuramente el mercado laboral. Se calcula que en esta tesitura están 366.000 personas, según datos de los técnicos de Hacienda.

Corbacho ha anunciado la urgencia por frustrar estas prácticas, sobre todo en empresas que tienen beneficios. Aunque tal vehemencia se entiende mejor desde el gasto. Hay que recordar que esta pirueta laboral –que no está regulada– detrae anualmente unos 3.513 millones de euros al Inem.

Su engranaje es sencillo. La empresa invita al trabajador a quedarse en paro dos años antes de cumplir los 65. Aunque no lo parezca, este envoltorio esconde un caramelo: la compañía se compromete a pagar la diferencia de sueldo con la prestación por desempleo, con lo que ambas partes quedan satisfechas con el trato.

El mecanismo es tan preciso como el de un reloj. Sin sorpresas para el empresario (que consigue así deshacerse de los trabajadores de mayor edad) y sin preocupaciones para el trabajador (a menudo satisfecho con la idea de una jubilación prematura). Estas condiciones han valido para empujar a los comités de empresa de Navantia, Telefónica o RTVE, por citar algunos ejemplos, a firmar polémicos acuerdos que se saldaron con la fumigación de miles de empleados mayores de 55 (ver guía adjunta).

El único cálculo oficial sobre la dimensión de las prejubilaciones recientes se remonta a 2002. El Consejo Económico y Social detectó más de 60.000 ese año, a la vez que resaltaba que “cada año son expulsadas del mercado laboral en torno a 50.000 personas mayores de 50”, colectivo que representa el 64% de los despidos provocados por los ERE.

Los datos de la Agencia Tributaria van en la misma dirección: 100.546 personas saltaron del estatus de parado al de pensionista a principios del 2000 como por arte de magia. Aunque este resultado no es un calco exacto del número de prejubilados –no depura el porcentaje de los verdaderos parados– es una referencia clave para acotar el fenómeno.

Si entonces ya era difícil idear un cortafuegos para frenar esta sangría, ahora lo es aún más. Las prestaciones contributivas han comenzado a acelerarse desde marzo de 2009 entre los mayores de 55 años. De hecho, en 2009 los desempleados de esta franja con prestación han crecido un 37,51%, en relación al avance medio del 5% desde el 2000. Los técnicos prevén que en los próximos meses estas personas pasarán a ser subsidiados, de modo que así completarán la ruta iniciada por el Inem y llegada a la prejubilación. La intención de Trabajo es anticiparse a esta jugada. (M. Tejo - Expansión – España)

La llegada de inmigrantes a la comunidad de Madrid se redujo un 80% en el año 2009

El consejero de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández-Lasquetty, presentó hoy el Informe de Población Extranjera Empadronada en la Comunidad de Madrid a 1 de enero de 2010, del que, entre otros datos, se desprende que la llegada de inmigrantes a la región ha sufrido un fuerte estancamiento, al haberse reducido en 2009 en un 80 por ciento respecto a 2008.

Según el Informe a 1 de enero de 2010 -realizado en los 179 municipios de la región por el Observatorio de Inmigración-Centro de Estudios y Datos-, en la Comunidad de Madrid residen 1.118.991 inmigrantes, lo que representa el 17,1 por ciento de la población total. En enero de 2009, el número ascendía a 1.108.920 extranjeros, lo que indica un incremento de 10.071 personas. Dicho crecimiento es notablemente inferior al que se produjo a lo largo de 2008, cuyo número de nuevos inmigrantes se elevó a 48.314.

Los datos del Informe revelan que la nacionalidad rumana continúa siendo la mayoritaria en la región, con 214.531 personas que representan el 19,1 por ciento del total de los extranjeros. Le sigue Ecuador, con 128.486 personas que representan el 11,5 por ciento; Marruecos, con 91.754 inmigrantes que representan el 8,2 por ciento, y Colombia, con 73.013 personas que suponen el 6,5 por ciento del total de los extranjeros. (El Economista – España)

Para empezar, cada europeo tendrá que aportar 100 euros para el rescate de Grecia

Hablar es fácil, pero por ahora no hay ningún rescate. Es la crítica que lanzan los expertos ante la inconcreción de los planes de ayuda a Grecia. Ya no sólo porque los mercados necesitan una respuesta convincente a los problemas de la economía helena.

Sino también porque "estamos hablando de serias sumas de dinero aquí", como alerta en su último informe BNP Paribas: con los 50.000 millones que costaría rescatar a Grecia no se acabarían las ayudas, pues se abre la puerta a futuros planes para otros países, especialmente los más débiles, como Portugal, Irlanda o España, que "sería el más caro".

En concreto, la factura española ascendería a 200.000 millones de euros, según calcula el equipo de análisis de BNP Paribas. La portuguesa, a 30.000 millones de euros, y la irlandesa, a 35.000 millones. En total, rescatar a los pigs (acrónimo en inglés para estos cuatro países) costaría unos 320.000 millones de euros, el 3,5% del PIB de la eurozona. O, dicho de otra manera, más de tres veces el tamaño del déficit presupuestario alemán de 2009.

Teniendo en cuenta que la Unión Europea (UE) suma 495 millones de personas, cada ciudadano pagaría una media de 646 euros por salvar a estos Estados miembros. Esta cifra se desglosaría en 404 euros per cápita si se sale en rescate de España, más de 100 si se ayuda a Grecia, más de 70 para interceder a favor de Irlanda y más de 60 para que no quiebre Portugal.

Paul Mortimer-Lee, jefe de mercados económicos del banco francés, opina que "todo rescate tiene que tener las cualidades de conmoción y sobrecogimiento". Además, "el tamaño importa cuando quieres sacudir el miedo de los especuladores y confortar a los nerviosos titulares de bonos". Pero, ¿cuándo se sabe que el rescate es lo bastante grande como para ahuyentar los temores? BNP calcula que el 20% del PIB o un año entero de servicio de la deuda es el umbral que marca lo suficiente. Y una quinta parte del PIB español equivale a los 200.000 millones mencionados.

"Más allá de los obstáculos morales y de los principios fiscales fundacionales de la Unión Monetaria, estamos hablando de sumas de dinero serias", recalca BNP. "No hay duda de que el único apoyo dado hasta ahora a la periferia (sic) ha sido sobre todo apoyo moral", continúa Mortimer-Lee. "Hablar, como dicen, es barato. Cualquier rescate convincente no lo será", remata.

Pero si de rematar se habla, hay que poner el foco sobre el último informe de "bancos europeos" publicado por Credit Suisse. En él, se destacan, para uso de los bancos, los riesgos de exposición al riesgo de algunas regiones europeas. Y la primera conclusión es llamativamente demoledora: "Vemos a España como una preocupación mayor que Grecia». Tras el impacto, las explicaciones: "Entre otros asuntos, por su significativo sobreendeudamiento, el alto déficit por cuenta corriente y el sobrevalorado sector de la vivienda".

Clasificación de riesgo
Eso sí, "Grecia tiene uno de los peores problemas fiscales de Europa actualmente". Por ello, pese a que España tenga un mayor "riesgo soberano" y pese a que Credit Suisse aconseje huir de la península, el caso es que el cómputo heleno es peor que el español. El banco suizo ha elaborado una desesperanzadora "tabla global de riesgo país", que sitúa a Grecia en el segundo puesto de peligro, tras Islandia, y a España en el quinto lugar.

Tercero y cuarto son Hungría y Portugal, respectivamente. Hong Kong y Noruega son los países con menos riesgo de los 45 seleccionados por Credit Suisse.

Salvar a Grecia de la quiebra costaría 50.000 millones, o sea 100 euros por cada europeo
La clasificación tiene en cuenta aspectos como el déficit, el ráting soberano, el coste de los seguros antiquiebra estatal (CDS), el crecimiento potencial del PIB y la ratio de deuda estatal sobre PIB. Pero también le da un valor importante a la deuda del sector privado, aspecto en el que España es claramente uno de los peores, ya que sus empresas deben el 172% del PIB. Esto último hace que se considere que naciones como Ukrania -con calificación B-, varios escalones por debajo del umbral de los bonos basura tienen menos riesgo que España.

"Creemos que los riesgos de la economía española son mucho mayores que en cualquier otra parte de Europa", ahondan los analistas del banco suizo. A esto se le suma que "la economía española es mucho más difícil de rescatar que a economías más pequeñas".

Credit Suisse se reserva una última bofetada: "El diferencial del bono español [a 10 años con respecto al alemán] debería ser de 380 puntos básicos [5 veces más que el actual]". "Sin el euro, es donde podría llegar", remata.

Francia y Alemania relegan a Zapatero
El eje franco-alemán ha vuelto a poner entredicho el peso internacional del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que desde que llegó a La Moncloa ha mostrado su interés en acercarse a Francia y Alemania en detrimento de la relación con Estados Unidos. Esta vez Zapatero ha quedado en segundo plano en las gestiones que han motivado que la Unión Europea haya conseguido ponerse de acuerdo para salir al rescate de Grecia.

Pese a que Zapatero es el presidente de turno de la Unión Europea este semestre, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, han llevado la voz cantante, lo que ha motivado que Zapatero, defendiera ayer que tuvo un papel relevante en la búsqueda de una solución a la crisis griega, durante el encuentro de líderes europeos este jueves en Bruselas. No obstante, el jefe del Ejecutivo español admitió que hubo una última reunión con Alemania y Francia, pero sin España, para facilitar un «último esfuerzo necesario para el acuerdo.

Credit Suisse cree que España es el quinto país con más riesgo y Hong Kong, el que menos
En declaraciones a los medios al término de la reunión, Zapatero aseguró que estuvo trabajando "de manera monográfica" durante un desayuno con el presidente permanente del Consejo, Herman Van Rompuy; el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker; el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso; y el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, según informa Efe. (J. M. Lamet - Expansión – España)

Los sindicatos saldrán a la calle el 23 de febrero contra la reforma de las pensiones

CCOO y UGT han anunciado movilizaciones entre el 22 de febrero y el 6 de marzo para protestar contra el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. El día 'grande' será el 23 de febrero.

El 23 de febrero se prevé que se produzca una concentración masiva, pues la convocatoria se extiende a Madrid, Barcelona y Valencia.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez ha tachado de "regresivo, insolidario e imprudente" la propuesta del Gobierno de alargar la vida laboral, mientras que el representante de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, señaló en una rueda de prensa conjunta con Méndez que el sistema actual goza de "buena salud".

En este sentido, señaló que es "temerario" por parte del Gobierno vincular la reforma de las pensiones al plan de austeridad para reducir el déficit público, porque envía una "malísima señal" al mercado financiero y a la UE. "El sistema de pensiones es la entidad más solvente de España", añadió.

Asimismo, Méndez aseguró que las manifestaciones están "llenas de razón", puesto que "no se puede plantear el debate sobre el futuro de las pensiones como lucha contra la crisis" (Que – España)

La banca española tendrá que dotar en 2010 hasta el 100% de préstamos morosos

El calendario de provisiones aprieta a la banca. El sector financiero no va a despegarse de los impagos, que en 2010 presionarán por partida doble. Por una parte, las entidades tendrán que hacer frente a nuevos dudosos. Por otra, la banca deberá atender en los próximos meses mayores exigencias de dotaciones de los créditos morosos antiguos.

Los impagos declarados entre finales de 2007 y el primer semestre de 2008 (suman unos 17.000 millones de euros) cumplirán en 2010 entre 2 y 3 años en la cartera de dudosos. Este hecho elevará el porcentaje del crédito que las entidades tienen que dotar y que en algunos casos alcanzará hasta el 100% de la deuda. La regulación fija que, a más tiempo en mora, más provisión.

Los expertos esperan que la tasa de mora, que ronda el 5%, toque techo en el segundo semestre, entre el 7% y el 9%.

Carrera contra el tiempo
Las cifras exactas del calendario de préstamos morosos no son públicas, pero las memorias de 32 bancos y cajas que ofrecen información detallada permiten realizar cierta composición de lugar.

Según los informes anuales, a cierre de 2008 había préstamos por al menos 23.900 millones que llevaban en impago un máximo de 6 meses.

En una horquilla de entre 6 y 12 meses, había dudosos por 13.000 millones. Y entre 12 y 18 meses, otros 4.300 millones. Estos dos últimos grupos, que suman 17.300 millones, son los que ahora cumplirán, en términos generales, entre dos y tres años en mora y exigirán más dotaciones.

A esta cantidad habría que restarle, sin embargo, los créditos que se hayan podido recuperar desde entonces por distintas vías: cobro en efectivo, ejecución de la garantía de la deuda, o renegociación del préstamo, siempre que se aporten nuevos avales eficaces y se esté al día en el pago de los intereses. También los declarados fallidos.

En detalle, la banca tendrá que afrontar mayores provisiones por las hipotecas dudosas que estén respaldadas con vivienda terminada y en las que el importe de la deuda sea inferior al 80% del valor de tasación del piso.

“Transcurridos tres años sin que se extinga la deuda o la entidad adquiera la propiedad de la vivienda, se considerará que no puede o tiene intención de adjudicársela”, y el porcentaje mínimo a provisionar subirá del 2% al 25% del crédito, explica la norma.

La mayor presión, en cualquier caso, procederá del resto de hipotecas morosas. Es decir, de aquellas que no están garantizadas con vivienda terminada o en las que, estándolo, la relación entre el crédito y el valor de tasación del inmueble supera el 80%. También serán conflictivos los préstamos sin garantía real, entre ellos, la financiación al consumo.

Los créditos de este tipo que cumplan este ejercicio más de 24 meses en mora tendrán que provisionarse al 100% (ver gráfico).

Este panorama, sin embargo, no coge por sorpresa al sector. Las entidades llevan meses reforzando el colchón de provisiones, que asciende a más de 50.000 millones. Buena parte de ese saldo se ha dotado en 2009, ejercicio en el que sólo los principales bancos y cajas han guardado más de 6.000 millones de forma voluntaria y extraordinaria para anticiparse a las exigencias de 2010.

Márgenes
Otro elemento que juega a favor del sector es la reforma del sistema de provisiones acordada por el Banco de España en verano. El regulador ha modificado la base de cálculo de la provisión de las hipotecas morosas garantizadas con vivienda terminada, oficinas, locales y fincas rústicas.

El porcentaje a provisiones ya no se calcula sobre la deuda total, sino por la parte que exceda del 70% del valor de tasación del inmueble. La reforma beneficia a un volumen de riesgo que no supera el 14% del crédito hipotecario total, según el último Informe de Estabilidad del Banco de España.

Para cubrir las necesidades de provisiones, las entidades también podrán contar con su negocio recurrente. Pese al deterioro que se espera en los márgenes del sector por los mayores costes de financiación y la caída de los tipos de interés, los cálculos de expertos y supervisores apuntan que la banca española generará un beneficio antes de dotaciones acumulado de entre 71.500 y 130.000 millones entre 2009 y 2011.

Heterogeneidad
1. Hay firmas en las que las hipotecas morosas con un LTV (deuda/valor de tasación) inferior al 80% suponen el 50% del total.

2. Sin embargo, en otras entidades, este tipo de préstamos (los que exigen menos dotaciones) sólo representa un 12%.

3. La banca española generará un beneficio antes de dotaciones de entre 71.500 millones y 130.000 millones entre 2009 y 2011. (M. Martínez – Expansión – España)