1.200.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro

La tasa de paro se situó al cierre de 2009 en el 18,83% de la población activa, tras aumentar 9 décimas en el cuarto trimestre, con lo que el número de parados alcanzó los 4.326.500, tras incrementarse en 1.118.600 personas en el año, según la Encuesta de Población Activa (EPA), difundida este viernes por el INE.

Como consecuencia del aumento de parados en 2009, los hogares en los que todos sus miembros están desempleados aumentaron el 47,5%, hasta los 1.220.000. En 2009 la población activa fue de 22.972.500 trabajadores
Además, en 2009 la ocupación cayó el 6,10%, lo que equivale a 1.210.800 trabajadores menos, hasta las 18.645.900 personas, lo que supone el mayor descenso de la historia de este indicador, que comenzó a elaborarse en 1976.

La tasa de paro es la más alta desde el primer trimestre de 1998, cuando alcanzó el 19,41%, mientras que el número total de parados es el más elevado desde que se elabora la EPA. En el cuarto trimestre de 2009, el número de parados aumentó en 203.200 personas con respecto al trimestre anterior, mientras que el número de ocupados descendió en 224.200 personas.

Según la EPA, en 2009 la población activa fue de 22.972.500 trabajadores, 92.200 personas menos que hace un año. Así, la tasa de actividad fue del 59,76%.

Los más afectados

Los jóvenes de 16 a 24 años sumaron 816.000 parados en 2009, mientras que el mayor número de desempleados fue para quienes tenían entre 25 y 54 años (3.180.200), en tanto que hubo 330.000 de 55 años o más. La tasa de paro femenina fue mayor (19,07%), que la de los hombres (18,64%)
Entre los hombres el paro aumentó en 703.700 personas, y entre las mujeres, en 415.000, aunque la tasa de paro femenina fue mayor (19,07%), que la de los hombres (18,64%).

La subida del paro se concentró entre quienes perdieron su trabajo hace más de un año, que aumentaron en 688.100 personas hasta 1,47 millones.

"Se está atenuando"

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha calificado el dato de la EPA de "negativo" y "malo", pero consideró que constata que se está produciendo una "atenuación" de los ajustes de las plantillas por parte de las empresas. No obstante, el ministro advirtió de que la recuperación del empleo será "más lenta" que la de la economía.

Preguntado si descarta que la tasa de paro llegue este ejercicio al 20%, respondió que eso sería "aventurado". En cuanto a si en los próximos meses continuará la destrucción de empleo, indicó que enero siempre suele ser un mes "malo", pero que el Ejecutivo espera que marzo sea "mejor", aunque dependerá de la población activa.

"Unos datos inasumibles"

Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado que los últimos datos de la EPA son "inasumibles" e "impropios" de un país como España y ha criticado la "incapacidad" del Gobierno para generar puestos de trabajo. Elíder del PP ha destacado el aumento del paro en 200.000 personas en el último trimestre y ha considerado que el mayor problema de España es su Ejecutivo, que "no hace nada" para revertir la situación y "lo poco que hace -ha subrayado- es equivocado".

Para el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, la cifra del paro es "una barbaridad" y le debe preocupar a la sociedad, ya que precisamente son los jóvenes los que están en peor situación, al igual que las mujeres y los inmigrantes.

Toxo ha dicho también que retrasar la edad de la jubilación va contra la necesidad de crear empleo y que su sindicato "rechaza frontalmente" esta propuesta. (El Mundo – España)

Jubilación a los 67, la primera gran reforma de Rodríguez Zapatero

La importancia de la reforma que presentará hoy el Gobierno contradice la aparente tranquilidad con la que ha trabajado hasta ahora en este terreno. Retrasar la edad de jubilación en dos años es una medida notable teniendo en cuenta la timidez del Gobierno en hacer cambios en la economía y, en segundo lugar, su miedo a los sindicatos y a la reacción social.

También es verdad que habrá quien piense que, ya puestos, se podría ser más ambicioso.

En todo caso, el hecho es que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, reiteró ayer, en Barcelona que, por un lado, la Seguridad Social goza de "una magnífica salud y enorme fortaleza", para el corto plazo, pero, por otro, defendió que hay que hacer reformas para garantizar que se mantenga esta buena salud en un plazo de 15 ó 20 años.

Hay que tener en cuenta que, según la información que el Ejecutivo ha enviado a la Comisión Europea sobre el sistema de pensiones, sus previsiones apuntan a que el sistema podría entrar en déficit permanente entre 2025 y 2030, siempre y cuando no hubiese cambios en su regulación.

El Gobierno está preocupado por el envejecimiento de la población y porque en el plazo de entre diez y quince años, pueden coincidir dos fenómenos sobre las pensiones: la jubilación de la explosión de la natalidad que ocurrió entre la mitad de los cincuenta y los primeros años setenta del siglo XX. En segundo lugar, este aluvión difícilmente podrá ser contrarrestado con los cotizantes que pueda haber en el mercado de trabajo.

Será entonces cuando se note plenamente la caída de la natalidad que hubo en España entre la década de los ochenta y de los noventa del siglo pasado. En segundo lugar, es una prueba más de que el Gobierno ha decidido mostrar a los mercados que sí está dispuesto a hacer reformas.

LAS PROPUESTAS
1. El Gobierno planteará para su discusión en el Parlamento y entre los agentes sociales la necesidad de ampliar el periodo obligatorio de cotización para calcular las pensiones, que actualmente está en 15 años.

2. El Ejecutivo quiere dar mayor relevancia a los planes privados de las pensiones y se plantea que para su uso no sea necesaria la jubilación. Quiere incentivar la permanencia en el mercado de trabajo.

3. Según la Seguridad Social, cada año de retraso en la jubilación suponen un ahorro aproximado de entre el 0,3% y el 0,5% del PIB. Es decir, un ahorro aproximado de 10.000 millones de euros. (M. Valverde y C. de Angelis - Expansión – España)

Berlusconi: "Menos inmigrantes significa menos crimen"

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, subrayó hoy que una disminución de inmigrantes ilegales "significa una reducción de las fuerzas que van a engrosar las filas de las organizaciones criminales".

El jefe del Ejecutivo italiano así lo manifestó durante una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Ministros, que hoy se celebró en la ciudad sureña de Reggio Calabria y durante la que el Gobierno aprobó un plan anti-mafia.

Berlusconi destacó la importancia de la lucha contra la inmigración ilegal que llega a las costas de Europa, al tiempo que pidió que la Unión Europea (UE) asuma parte de los costes que supone frenar este fenómeno.

"Estamos llevando a cabo una actuación muy fuerte respecto a la Unión Europea, que debe hacerse cargo del coste que Libia y otros países del Mediterráneo soportan por realizar la labor de vigilancia de los clandestinos que llegan de África", manifestó Berlusconi.

El mandatario subrayó que los países mediterráneos frenan y se ocupan de la repatriación de las personas provenientes del interior de África dirigidas a las costas europeas; unas acciones que comportan un coste "que debe ser soportado no sólo por los países ribereños de la UE, sino por toda la Unión".

"A partir de febrero me ocuparé de este problema con el objetivo de conseguir que la UE se haga cargo de reembolsar los costes" a los países a orillas del Mediterráneo, explicó Berlusconi.

En esta misma línea, se expresó el ministro del Interior, Roberto Maroni, que pidió que la UE "se haga cargo" de las acciones que lleva a cabo Italia en favor de todos los países miembro.

Maroni explicó que en 2009 Italia ha registrado una significativa disminución de los desembarcos en sus costas, en base a los acuerdos sobre esta materia alcanzados con Libia y que entró en vigor en mayo del año pasado.

En 2009 llegaron a las costas italianas 9.573 inmigrantes ilegales, frente a los 36.951 del año anterior, lo que supone una reducción del 74 por ciento, refirió el ministro.

El titular de Interior destacó también que desde mayo, con la entrada en vigor del acuerdo con Libia, hasta diciembre de 2009, los desembarcos se redujeron en un 90 por ciento, frente al mismo periodo del año precedente.

"Esto significa que el acuerdo con Libia funciona y que continuará llevándose a cabo", indicó. (Que – España)

Trabajar más años para cobrar una pensión... eso si llega el dinero

¿Trabajar hasta los 70 años?Ayer lo apuntó el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y se intuyó en las palabras del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

Unos dicen que peligra nuestro sistema de pensiones y que por eso habrá que trabajar más años y otros que el sistema sólo necesita una pequeña reforma. Una cosa o la otra, lo que es una realidad demostrada es que los ingresos de la Seguridad Social están bajando tanto que el futuro de las pensiones pende de un hilo.

Este viernes el Gobierno apuntará algunos grandes o pequeños cambios que quiere hacer para que el dinero llegue para pagarlas al menos hasta 2050. Después ya se verá. El Ejecutivo enviará su propuesta a la Comisión del Congreso del Pacto de Toledo para que cualquier decisión se tome con el máximo consenso y es que nadie quiere ser el primero que dé un paso al frente y le diga a los votantes que no basta con que trabajen hasta los 65 años o que su pensión peligra.

Una fecha límite
Según el Ejecutivo, no habrá problemas hasta 2025, gracias al fondo de reserva. Esa fecha está a la vuelta de la esquina y las reformas urgen. El PP cree que este año la Seguridad Social cerrará con déficit y que los problemas vendrán antes.

Cuentas descuadradas
Los ingresos de la Seguridad Social del año 2009 estaban en niveles del 2005, con la diferencia de que ahora se pagan más pensiones y más prestaciones. El aumento del paro ha descuadrado las cuentas que los expertos se hicieron en el Pacto de Toledo.

Paro, inmigrantes y esperanza de vida
Paro, inmigrantes y esperanza de vida. Son tres claves esenciales a la hora de hablar del sistema de pensiones. Con la crisis, han caído los ingresos a la seguridad social y a la vez hay que pagar más paro. También han caído las cotizaciones de los extranjeros y muchos han vuelto a su país ante la falta de perspectivas laborales en España. Ellos garantizarán nuestras pensiones en el futuro. El otro factor que hay que tener en cuenta es la esperanza de vida. Nos jubilamos, de media, a los 63 años y 10 meses, pero vivimos hasta los 81. Esto significa que hay que pagar casi 20 años de jubilación.

Se cobran 874,94 euros por
catorce pagas Aparte de catorce pagas de pensión de jubilación (la pensión media cerró el año en 874,94 euros), el sistema garantiza asistencia médica y medicinas gratuitas.

Suben los dependientes, pero hay menos trabajadores

Por cada persona 'dependiente' (aquella que cobra pensión) hay cuatro trabajadores. En 2050 sólo habrá dos cotizantes por dependiente.

¿Qué proponen cambiar?

Poner coto a las prejubilaciones y limitar las anticipadas
Una de las propuestas que estudia el Gobierno es que se eliminen los incentivos a las prejubilaciones y que no puedan realizarse antes de los 52 años. Además, se estudia limitar la jubilación anticipada y que tenga algún tipo de penalización.

Ampliar la edad de jubilación hasta los 70 años
La edad legal de jubilación en España está en los 65 años. Se oyen muchas voces para subirla hasta los 70 años. Ahora esta opción es voluntaria y se cobra de un 2% a un 3% más de pensión si se trabaja más allá de los 65 años.

Calcular la pensión con todos los años de cotización
La cuantía de la pensión se calcula con los últimos 15 años de vida laboral. Una de las propuestas es que se tengan en cuenta todos los años de cotización y la pensión bajaría. Se supone que al incorporarmos al mundo laboral se cobra menos que al final.

Premiar a los que se hagan un plan de pensiones
Incentivar los planes privados de pensiones teniendo en cuenta que serán de menor cuantía o reformar las necesidades para cobrar la de viudedad son otras de las propuestas que se oyen estos días. Queda por saber si se hará algo en este sentido. (Emelia Viaña - Que – España)

Rajoy defiende que los inmigrantes irregulares se empadronen pero que hay que debatir los requisitos

El presidente del PP, Mariano Rajoy, continúa perfilando la postura de su partido respecto de la inmigración después de la polémica de Vic. El popular, en una entrevista en Catalunya Ràdio, ha dicho que los inmigrantes en situación irregular se tienen que inscribir porque lo dice la ley de extranjería y un informe de la Abogacía del Estado, pero se ha mostrado a favor de debatir los requisitos y los efectos del padrón. Así, ha remarcado que sin una política ordenada en inmigración "surgirán problemas".

En este sentido, Rajoy, considera que el abogado del Estado ha estado lo suficientemente claro en el caso de Vic instando al consistorio a empadronar a los inmigrantes 'sin papeles'. Por eso, ha pedido al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), gobernado por el PP, que también los empadrone cuándo hace más de un año que inscriben en el padrón a los inmigrantes ilegales. "¿La ley lo ha dicho y si lo ha dicho el servicio jurídico del Estado todos tenemos que cumplir la Ley, también Torrejón, por qué tendría que ser una excepción?", ha argumentado Rajoy.

El presidente del PP ha dicho que está "a favor de la inmigración" porque una persona que no tiene oportunidades en su país se pueda ganar la vida dignamente" en otro país. El debate real, para Rajoy, es analizar qué capacidad de acogida tiene el Estado que viene determinado por dos factores. En primer lugar, el trabajo que haya y, en segundo lugar, cuánto puede gastar la administración publica en servicios sociales. En esta línea Rajoy cree que para hacerlo se necesita una "inmigración ordenada y controlada".

El popular ha recordado que en el 2004 había 1.600.000 permisos de residencia y hoy ya hay 4.700.000, y ha subrayado que la inmigración ha contribuido al crecimiento del país, pero que eso "no tiene que ver con una política de inmigración en que se puede lo que se puede". (eldebat)

La Abogacía del Estado concluye que hay que empadronar también a los extranjeros 'sin papeles'

El Ayuntamiento de Vic, que lanzó la semana pasada su propuesta de reformar los criterios de empadronamiento para excluir a los inmigrantes en situación irregular en España, y que había pedido un informe a la Abogacía del Estado sobre su proyecto, ya tiene una respuesta clara: tendrán que dar marcha atrás, según la Abogacía del Estado, que considera que la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal "procede" con independencia de que éstos se encuentren en situación legal en el país, por lo que, en consecuencia "no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España".

La Abogacía del Estado ha remitido a la Delegación del Gobierno de Cataluña el informe que había solicitado el Ayuntamiento de Vic relativo a la legalidad de la negación del empadronamiento a inmigrantes en situación irregular. En su informe, al que ha tenido acceso Europa Press, los servicios jurídicos del Estado sostienen que para tramitar las solicitudes de los extranjeros de inscripción en el padrón municipal "debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado".

El Ayuntamiento de Vic solicitó al Ministerio del Interior que informara por escrito acerca de los requisitos necesarios relativos a los pasaportes para poder inscribir a los extranjeros en el padrón. Según la interpretación que hace el consistorio de la ley, para la inscripción de los extranjeros no comunitarios es necesario un pasaporte con visado. Además, el Ayuntamiento barcelonés encargó un informe jurídico al bufete de abogados Roca Junyent, que concluyó que la intención de no permitir el empadronamiento en situación irregular "no puede ser tildada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley".

Sin embargo, los servicios jurídicos estatales han considerado que en el padrón municipal deben inscribirse "todos los extranjeros que tengan residencia habitual en el municipio respectivo, independientemente de que se encuentren o no legalmente en territorio español". Para llegar a esta conclusión, la Abogacía del Estado ha considerado que a la doctrina constitucional examinada se acomoda con "toda normalidad" la normativa vigente en materia del padrón municipal, que está constituida no tanto por la legislación sobre extranjería como por la legislación de Régimen Local.

Así, sostiene que de la aplicación de las prescripciones de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RPDEL) aprobado por Real Decreto se extrae que "la inscripción de los extranjeros en el padrón del municipio de residencia habitual procede aunque se trate de extranjeros que no residan legalmente en territorio español". Es decir, aunque sean ciudadanos extranjeros que no cumplan los requisitos exigidos por la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.

En concreto, explica que las dos leyes citadas vinculan la obligación de inscribirse en el padrón municipal "al hecho de vivir en España y residir habitualmente en un determinado municipio". Los datos del padrón, recuerda, son "prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo". Estas leyes, agrega, "no distinguen" a efectos de la inscripción en el padrón "entre españoles ni extranjeros", como tampoco se refieren a que sea necesaria la residencia legal. De hecho, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, dice que la exigencia a los extranjeros de que residan legalmente en el territorio español para poderse inscribir en el padrón "hubiera requerido por su importancia y su carácter restrictivo una previsión o determinación expresa por parte del legislador, previsión que no existe ni se deduce de los preceptos legales".

El informe insiste en que tanto la LRBRL como el RPDEL "refieren o vinculan la obligación de inscribirse al hecho o dato, puramente fáctico, de vivir en territorio español y residir habitualmente en un determinado municipio y no a un dato jurídico, cual sería el de residir legalmente". Pero además los servicios jurídicos del Estado aseguran que la ley de extranjería dispone que "los Ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan en su domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información relativa a los mismos". Esto supone que la norma legal que regula la extranjería también se sirve de un dato fáctico y no jurídico como fundamento de la inscripción en el padrón.

Documentación necesaria
Tanto la ley de régimen local como la de extranjería estipulan que los únicos documentos necesarios para la inscripción en el padrón son una tarjeta de residencia en vigor o "en su defecto, número del documento acreditativo de identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia". "Se llega a la conclusión –sostiene el informe– de que en el padrón se inscriben todos los extranjeros que tengan residencia habitual en el municipio respectivo, independientemente de que se encuentren o no legalmente en territorio español".

De esta manera, dado que la ley no exige para la inscripción que el extranjero se encuentre legalmente en territorio español, podrá obtenerla "quien se encuentre residiendo en territorio español por tiempo superior a la situación de estancia sin tener la pertinente autorización administrativa". El abogado del Estado puntualiza también que el hecho de estar inscrito en el padrón no constituye una prueba de la residencia legal en España de un extranjero. "No tendría sentido alguno que se exigiese para la inscripción en el padrón la residencia legal en España y luego se dispusiera que la inscripción en el padrón no constituye prueba de la residencia legal", afirma.

Advertencia a los ayuntamientos
Además, precisa que no es competencia de las corporaciones locales comprobar o constatar la residencia legal del extranjero en territorio español como requisito necesario para la inscripción en el padrón. Advierte también a los ayuntamientos que no corresponde a cada una de las corporaciones dictar instrucciones técnicas distintas de las que emanan de los órganos de la Administración central.

En concreto, se refiere a una resolución conjunta de 1997 establecida por la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y el director general de Cooperación Territorial, que, siendo de "vigencia indiscutida", dicta instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre actualización del padrón. En esta resolución se establece que el control de la permanencia en España de ciudadanos extranjeros corresponde al Ministerio del Interior y añade que el Ayuntamiento "ni interviene en la concesión de los permisos de residencia ni es competente para controlarlos".

Según esta norma, la misión del padrón es "constatar el hecho de la residencia y no controlar los derechos de los residentes". "En el padrón municipal deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras, y en este último caso, tengan o no regularizada su situación en el Registro del Ministerio del Interior", establece.

Por todo esto, la Abogacía General del Estado concluye que "la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal procede con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español, por lo que, en consecuencia, no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España".

En respuesta directa al Ayuntamiento de Vic, recalca que no es necesario un pasaporte con un visado para la inscripción en el padrón, ya que éste registro se refiere a la "residencia habitual" en el término municipal y no a la residencia legal. (El Debat – España)

Ser mayor equivale a ser pobre para uno de cada tres españoles

La escena de que la persona mayor que tienes delante en la fila de la caja del supermercado esté contando una a una las monedas para pagar no es frecuente en Europa, donde la pobreza sólo afecta al 19% de los jubilados, frente al 28% de las personas retiradas en España, según datos de Eurostat.

Los expertos consideran que una persona es pobre cuando, una vez recibidos los subsidios (pensión, paro,) sus ingresos están por debajo del 60% de los ingresos medios del país.

Las personas mayores, junto con los niños, están mucho más expuestos a la pobreza que el resto de ciudadanos europeos. En el primer caso el 19% de los ciudadanos mayores europeos se encuentra en riesgo de ser pobre, porcentaje que se eleva hasta el mencionado 28% de España, lo que se acerca peligrosamente a la cifra de uno de cada tres.

En cabeza de la UE
Ni que decir tiene que, en esta ocasión también, España ostenta el triste récord de tener más número de personas mayores en riesgo de pobreza de todos los países europeos de nuestro entorno. Incluso Rumanía, un país europeo con una renta muy inferior a a la de España y emisor de emigrantes hacia nuestro país, tiene una tasa de pobreza entre los mayores inferior, de un 26%.

Las razones de la mala situación en que viven los mayores en España es la escasa cuantía de las pensiones, que no llega a los 8.400 euros anuales, equivalente al 60% de la renta media en España.

Si España supera la media europea de pobreza entre las personas mayores sucede otro tanto con los niños. El 24% de los menores de 17 años que viven en España corre el riesgo de caer en situación de pobreza, frente al 20% de la media de la Unión Europea.

En este caso los niños españoles están más «acompañados» en estos malos datos ya que, por ejemplo, el 23% de los niños griegos y el 25% de los menores que viven en Italia se encuentran en la misma situación.

Trabajadores pobres
Otro baremo interesante que analiza la oficina de estadísticas europeas es el hecho de tener riesgo de ser pobre pese a tener un trabajo, lo que le ocurre al 11% de los españoles frente a tan sólo el 8% de la media europea.

Sólo supera en tasa de trabajadores pobres a España Portugal y Polonia, con un 12%, seguidos de Grecia, con un 14%, y Rumanía, con un 17%, lo que la sitúa en el país europeo donde hay un mayor número de trabajadores que son pobres, casi uno de cada cinco.

En conjunto, el 20% de los españoles está en riesgo de ser pobre, frente al 17% de la media europea. Tan sólo la mencionada Rumanía y Letonia tienen un mayor índice de pobreza, con el 23 y el 26% respectivamente.

Eurostat ha analizado además cuestiones concretas para medir la pobreza, como son las privaciones materiales. En esta clasificación, sorprendentemente, España no es la que sale peor parada en relación a la media europea ya que, por ejemplo, tan sólo el 2% de la población de nuestro país no puede permitirse comer un plato de carne o pescado cada dos días, frente al 9% de la media europea de ciudadanos que no pueden hacerlo. MARIBEL NÚÑEZ (ABC de España)

Rajoy exige al Gobierno español modificar la ley de extranjería

Mariano Rajoy ha exigido modificar la ley de extranjería tras el veto al empadronamiento de 'sin papeles' en el Ayuntamiento de Vic (Barcelona). Según el líder de la oposición, este rechazo demuestra la "demagogia" de los socialistas en inmigración, por ello, ha instado al Gobierno ha cambiar su "política suicida" para "no generar más problemas al conjunto de los ciudadanos".

El presidente del PP ha culpado de esta situaciones a las recetes aplicadas por Zapatero. "¿Os acordáis de los 'papeles para todos', de las regularizaciones masivas y de una política suicida, de una modificación en la ley que no sirvió para nada?", ha preguntado durante su discurso de clausura de la XV Interparlamentaria del PP celebrada desde el viernes en Palma.

"Hemos pasado ahora a que sus propios compañeros de partido y sus socios , que apoyaron su actuación y su legislación, estén haciendo todo lo contrario", ha señalado Rajoy al referirse al Ayuntamiento de Vic, con alcalde de CiU y que sumó el apoyo del PSC y ERC en su polémica medida.

Rajoy ha afirmado que las leyes "están para cumplirse" y, por tanto, "hay que cumplirlas", pero al mismo tiempo ha instado al Ejecutivo a cambiar su política de inmigración, que calificó como "suicida".

"La ley hay que modificarla y espero que en este momento, vistos los efectos de la demagogia que llevan haciendo durante años, modifiquen la ley, se avengan a razones y cambien su política para no generar más problemas al conjunto de los ciudadanos", ha subrayado.

Ayer, la vicepresidente del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió que si finalmente se concreta la propuesta de Vic, intervendrán los servicios jurídicos del Estado puesto que la medida "no tiene cabida en el ordenamiento legal". La iniciativa es contraria a la ley que regula las bases del régimen local y también a la Ley de Extranjería (LOEX)", subrayó De la Vega.

La opinión de Josep Antoni Duran Lleida es muy diferente. El portavoz de CiU en el Congreso rebatió las críticas diciendo que cumplen la ley de extranjería. Según escribió en su carta web semanal, "si la nueva ley de extranjería expresa que para estar legalmente en España se necesita un pasaporte visado, que si no se tiene se está ilegalmente y que, por lo tanto, procede la expulsión, ¿los ayuntamientos incumplen la ley al exigir lo mismo que la ley de extranjería pide?". "¿Un ayuntamiento puede conocer una ilegalidad y no denunciarla?", pregunta Duran a la vicepresidenta.

Carmen Remírez de Ganuza
Fuente: El Mundo de España

El Vaticano denuncia el 'racismo' de los italianos

'L'Osservatore Romano', el diario del Vaticano, ha denunciado el "racismo" de los italianos, poco después de la persecución a los inmigrantes de Rosarno, en Calabria (sur de Italia).

"No sólo repugnantes, los episodios de racismo de los que la prensa se hace eco nos han vuelto a traer el odio mutuo y salvaje hacia otro color de piel que creíamos haber superado", escribe el diario en un artículo sobre "Los italianos y el racismo".

"Por una vez, la prensa no exagera: un viaje en tren, un paseo en el parque o un partido de fútbol no dejan lugar a dudas. Nunca hemos brillado por nuestro sentido de la apertura, nosotros los italianos de norte a sur", señala el diario, en un texto que relata los episodios de racismo durante siglos.

Para él, "el ejemplo americano no ha servido de nada". Pese a "la obamanía, que invade la política, el arte, el estilo y el languaje", "el valor del encuentro entre las diferentes razas" no siempre es reconocido.

El papa Benedicto XVI afirmó este domingo durante el Ángelus que el inmigrante era "un ser humano que debe respetarse".

Precisamente, los habitantes de Rosarno se manifestaron este lunes contra la imagen racista que, según ellos, se ha dado del municipio por los altercados registrados entre inmigrantes y vecinos de los últimos días. Un millar de inmigrantes africanos han sido forzados a dejar la localidad calabresa, tras los enfrentamientos que han dejado 67 heridos, 31 de ellos extranjeros.

Protesta en Rosarno
Unas 5.000 personas, según los organizadores, recorrieron las calles de la localidad calabresa, en una manifestación encabezada por una pancarta que rezaba: "Abandonados por el Estado, criminalizados por los medios de comunicación, 20 años de convivencia no son racismo".

En el cortejo, en el que tomaron parte algunos inmigrantes, se pronunciaron eslóganes contra la imagen de ciudad "cerrada y xenófoba" que, según los participantes, han ofrecido los medios de comunicación.

Mientras, las fuerzas de seguridad y los investigadores intentan esclarecer si la mafia calabresa, la 'Ndgrangheta, está detrás de lo sucedido; una hipótesis que ya habían barajado tanto el ministro del Interior, Roberto Maroni, como el fiscal adjunto de la Dirección Antimafia (DDA) de Reggio Calabria, Nicola Gratteri.

Por el momento, el juez de instrucción de Palmi (Calabria) convalidó este lunes el arresto de tres habitantes de Rosarno que supuestamente tomaron parte en los altercados de los pasados días y entre los que destaca la detención de Antonio Bellocco, hijo de uno de los considerados cabecillas del clan homónimo de la 'Ndrangheta.

Los investigadores, según el diario 'Corriere della Sera', barajan la posibilidad de que los incidentes de los últimos días hubieran sido planificados por la mafia para desviar la atención de la bomba que el pasado 3 de enero explotó ante el tribunal de Reggio Calabria sin causar víctimas.

Un "aviso", según los investigadores, dirigido a la magistratura por su lucha contra la criminalidad organizada.

Por otro lado, durante la jornada de hoy, en algunas localidades de Calabria, continuaron las demoliciones de los barracones en los que hasta el sábado pasado vivían los miles de inmigrantes que protagonizaron las revueltas de estos días tras la agresión de uno de ellos el pasado jueves. En total, en este fin de semana fueron desalojados cerca de 1.100 inmigrantes que trabajaban como jornaleros en los campos de la zona, y que han sido trasladados a centros de acogida de Crotona (Calabria) y Bari (Apulia).

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Las familias españolas, con problemas financieros

Hasta un 56% de las familias españolas están atravesando dificultades financieras, hasta el punto de no poder cumplir con sus obligaciones bancarias y encontrarse en algún momento en deuda con algún acreedor.

Son datos presentados por el Índice Genworth de vulnerabilidad de los consumidores, y que publica este domingo el diario El Mundo. Este informe analiza las dificultades económicas en 14 países europeos, además de Estados Unidos.

Crecimiento del 14% en dos años
Los datos no contrastan en exceso con los del año pasado, pero sí con los de 2007, año en el que el número de familias en problemas era 'sólo' del 42%.

Lo que sí presenta más variación es la expectativa de futuro de los consumidores. Los españoles son ligeramente más optimistas, una tendencia que se repite en casi toda Europa, con la única excepción de Irlanda. No obstante, los únicos países europeos en situación de 'seguridad relativa' son los estados nórdicos (Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia).

Sin embargo, pese a esta ligera mejora, el informe arroja datos preocupantes, como el hecho de que sólo el 6% de los españoles afirman sentirse en una situación económica "segura y sin problemas" de cara a los próximos doce meses.

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Italia: nuevos episodios de violencia contra inmigrantes

Nuevos ataques contra inmigrantes africanos se registraron hoy en la localidad de Rosarno, sur de Italia, en el marco de la ola de violencia que el ex fiscal Antonio Di Pietro definió como la "rebelión de los negros y esclavos", mientras decenas de extranjeros abandonaban la zona por temor a ser blanco de agresiones.

En tanto, el Vaticano expresó su preocupación por la violencia que sacude a Calabria, sur del país. Tras tres días de revuelta, las autoridades dijeron que los heridos suman 67.

A pesar del traslado de cientos de inmigrantes a centros de acogida oficiales en otras zonas del sur del país, la situación siguió siendo tensa en Rosarno, donde hoy un inmigrante africano fue herido por perdigones disparados con una escopeta de caza en Gioia Tauro, a pocos kilómetros de la localidad sacudida por la violencia xenófoba.

Dabre Moussa, de 29 años y oriundo de Burkina Fasso, fue hospitalizado con lesiones en las piernas y un brazo, según autoridades sanitarias.

Además una casa donde vivían una decena de inmigrantes fue incendiada por un grupo de vecinos en la zona industrial de San Ferdinando, en la periferia de Rosarno, denunció la portavoz del Alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas, Laura Boldrini.

"Los inmigrantes nos llamaron diciendo que esta mañana llegaron dos automóviles en los que viajaban personas armadas con bastones y bidones de gasolina", dijo. Los extranjeros se escaparon y los vecinos incendiaron la vivienda, denunció.

En otro episodio, hoy un automóvil con tres inmigrantes a bordo fue detenido por varias personas blandiendo bastones. Uno de los extranjeros fue herido con una pedrada en la cabeza cuando intentaba huir del ataque.

Decenas de inmigrantes se dirigieron a la central de trenes para abandonar la zona temerosos de nuevos ataques.

Otros 200 inmigrantes que viven en la zona vecina de Las Colinas pidieron seguridad a la policía y ser trasladados a zonas alejadas al foco de violencia tras ser amenazados -según dijeron- por los vecinos.

Cientos de inmigrantes habían sido trasladados desde anoche a centros de acogida de localidades vecinas.

El ex fiscal de la causa conocida como "Manos Limpias" Antonio Di Pietro, líder del partido Italia de los Valores, dijo que la ola de violencia en el sur "es la rebelión de los negros, la rebelión de los esclavos".

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También en España

El alto gasto permite mantener a raya la cifra de parados sin cobertura

El paro se ha encaramado durante la crisis a cifras históricamente altas. Al acabar 2009 se registraban casi cuatro millones de desempleados en las oficinas públicas de empleo. Con ellos, el gasto de prestaciones y subsidios se ha disparado. Este año el Ministerio de Trabajo prevé gastar 32.611 millones de euros y será una de las causas principales de un déficit que se prevé se sitúe en torno al 10% del PIB. Sólo en noviembre, el gasto ascendió 2.740 millones, un 24,7% más que en el mismo mes del año anterior.

Pero el esfuerzo no es en vano. El número de parados que en noviembre no recibían ninguna de ayuda de los Servicios Públicos de Empleo quedaba en 1.090.612, lo que situaba la tasa de cobertura al desempleo en el 78,7%, según el Ministerio de Trabajo.

Hay que remontarse hasta los últimos meses de los Gobiernos de José María Aznar, en 2003, para encontrar un mes de noviembre en que el número de desempleados sin prestación o subsidio supere el millón. Y entonces, en plena época de expansión económica y creación de empleo, la cifra era de 1.107.743 parados desprotegidos, y la tasa de cobertura del 49,2%.

Para alcanzar este nivel de protección, primero hay que tener en cuenta el punto de partida. Dicho en román paladino, la crisis viene precedida de una época prolongado de crecimiento y abundante trabajo. Esto ha propiciado que aquellos asalariados que han perdido su trabajo hayan acumulado importantes derechos de percepción de prestaciones. Además, el Ejecutivo, incapaz de detener la destrucción de empleo, ha tomado diversas iniciativas para reforzar la protección.

La primera fue la eliminación en marzo del mes de espera entre quienes pasan de percibir la prestación contributiva al subsidio por desempleo. Otra de ellas es la creación de una paga de 420 euros durante seis meses para los parados que hayan agotado su protección desde el 1 de enero. Bajo este manto se encontraban el pasado noviembre unos 368.000 parados.

También en esa línea se han dado otros pasos como el refuerzo de los servicios de empleo con más personal, que ha permitido rebajar de siete a cinco días el tiempo de espera de los parados para ver reconocida su prestación.

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