Esteban no tenía ni idea de lo que eran los derechos humanos. Así lo cuenta este joven, actualmente mayor de edad, que pasó durante años por diferentes centros de protección de menores. "No sabía ni qué eran, no sabía que lo que allí pasaba no se podía hacer, atarte a un banco y pincharte, hacerte cargar piedras con las manos atadas a una carretilla, triturarte la medicación, prohibirte las visitas, leer tus cartas, humillarte, tratarte a golpes, castigarte. Nunca supe qué medicación tomaba hasta que con 16 años me llevaron a urgencias al hospital...", relata.
Si su pesadilla de alguna forma ahora ha terminado, la de Margarita no puede tener fin. Esta mujer navarra se siente víctima de un engaño irreparable que llevó a la muerte de su hijo, Miguel Ruiz González, al que como mucho se podía considerar un adolescente conflictivo. Los servicios sociales de la comunidad foral le aconsejaron que lo denunciara por malos tratos, "exagerando los hechos", para facilitar su internamiento en un centro donde se le proporcionaría educación.
En el informe de la fiscalía se describe la conducta de Miguel, de 17 años, como la de "un auténtico tirano, vago y parásito". "Lleva una vida licenciosa", prosigue el documento, firmado por un educador, "con desórdenes en el campo de la sexualidad. Entra y sale de casa a su libre albedrío, exigiendo la comida que le gusta".
El joven ingresó el año pasado en el centro de reforma de Ilundain, de la Fundación Ilundain Haritz-Berri. La estancia prevista era de seis meses. Unos sesenta días después, el 25 de enero de 2009, Miguel se suicidó. En el atestado policial consta que "estaba en tratamiento psiquiátrico y tomaba medicación aunque no tenía diagnóstico". A Margarita apenas le quedaron estas palabras: "Me dijeron que lo iban a educar y me lo devolvieron en una bolsa de plástico. Se han burlado de mí, me han engañado".
Se trata de dos casos muy graves de negligencias, recogidos por Amnistía Internacional en un informe que se hizo público este martes y que denuncia la situación de desamparo de los menores a la que puede llevar el internamiento en centros de protección terapéuticos españoles.
El estudio -que se centra en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía y está basado en más de cien entrevistas a jóvenes, familiares, educadores, psicólogos, personal sanitario de más de la mitad de las 58 instituciones de este tipo- reorganiza los datos aportados por el informe del Defensor del Pueblo publicado el pasado febrero para dejar en evidencia algunas paradojas del sistema de protección.
La escasa coordinación entre las comunidades autónomas y las distintas administraciones; la ausencia de información estadística fehaciente y la abundancia de datos contradictorios; la falta de unanimidad de criterio en la regulación de los ingresos de los menores y la administración de fármacos con diagnósticos poco claros o inexistentes; pero, sobre todo, los abusos, la práctica arbitraria de las contenciones por personal a veces no cualificado y el uso de la violencia. Son éstos sólo algunos de los fallos, según Amnistía, que a diario sufren centenares de menores de los cerca de 30.000 que, según los datos oficiales más recientes, de 2006, se encuentran tutelados por alguna Administración pública.
Por estas razones, el Comité contra la Tortura, dependiente de Naciones Unidas, se dirigió en dos ocasiones al Estado español para transmitir su preocupación sobre los protocolos de medicación. Primero lo hizo después de que trascendieran las denuncias de malos tratos en centros gestionados por la Fundación O'Belén a principios de 2009. Pero también reiteró su malestar ante esta situación el pasado 19 de noviembre, cuando un comunicado lamentaba "la falta de información suficiente sobre las medidas adoptadas. [...] En particular, al Comité le preocupan las alegaciones de la práctica de aislamiento en muchos de estos centros, así como de una administración de fármacos que se realizaría sin adecuadas garantías".
Elena Estrada, abogada e investigadora de Amnistía, insiste en que el objetivo del informe es animar a las autoridades a actuar y establecer protocolos de actuación más eficaces para resolver situaciones de desamparo de los menores, ya de por sí traumáticas. Para ello los expertos recomiendan, entre otras cosas, más transparencia en el sistema de protección, regular los centros terapéuticos de forma distinta a los de reforma, garantizar que todos los internamientos se lleven a cabo previa autorización judicial o activar mecanismos de control e inspección de estas instituciones. Para que ningún menor pueda decir ni pensar, como ya ocurrió, ante la hipótesis de volver al centro en el que sufrió humillaciones y vejaciones: "si vuelvo, me mato".
F. MANETTO / S. BLANCO
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